En todas las sociedades, la opinión pública está determinada por las clases intelectuales, por los formadores de opinión especializados por su tiempo y dedicación. La inmensa mayoría de las personas no tienen capacidad ni de generar ni de difundir ideas de forma sistemática. Por eso mismo, tienden a adoptar, en mayor o menor medida, aquellas elaboradas por los pensadores y creadores profesionales. Y por los distribuidores establecidos de pensamiento.
Desde el surgimiento de los Estados-nación, las élites, en los puestos de mando, han recurrido a estos grupos para reforzar la aceptación social de su autoridad. Toda forma de poder, –tanto democrática como despótica–, necesita ser percibida como legítima. No basta con gobernar; también es necesario convencer a los gobernados de que el gobernante responde al interés general y de que el orden que promueve resulta el mejor posible.
Hasta el advenimiento del mundo moderno, esos intelectuales fueron mayoritariamente clérigos, constituidos, de esta manera, en custodios del régimen. Era la alianza entre la Iglesia y el Estado. Una alianza que podía incluso designar al monarca como cabeza del orden religioso. El rey gobernaba por designio divino; así, obedecer no era únicamente un deber político, sino también una obligación moral y religiosa. De esta forma, mientras la población aceptaba su suerte, los gobernantes disfrutaban de los más amplios márgenes de arbitrariedad.
Para que esta alianza fuera sólida y duradera, la Corona destinaba una parte sustancial de sus recursos, –obtenidos mediante la recaudación coercitiva de tributos–, al sostenimiento de la Iglesia. La legitimidad del poder y la financiación de quien contribuía a sustentarla caminaban de la mano. Los incentivos eran perfectos.
Cuando irrumpieron los movimientos liberales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una de sus grandes reivindicaciones fue la separación entre Iglesia y Estado. Habitualmente se presenta esa transformación como una mera conquista de la libertad religiosa. Sin embargo, el principio que la inspiraba era mucho más profundo.
Los liberales de entonces comprendieron que el progreso social era imposible sin plena libertad de conciencia. Efectivamente, cuando el objetivo a alcanzar era limitar la concentración de poder, era necesario garantizar los espacios de independencia mental respecto del Estado. Dicho de forma más sencilla, había que impedir que el poder político monopolizara los instrumentos de formación de la opinión pública.
Dos siglos después, conviene preguntarse si ese viejo principio liberal no merece una nueva reflexión. Hoy la Iglesia ya no desempeña el papel que ocupó en el pasado. Sin embargo, la necesidad de los órganos ejecutivos de contar con instituciones capaces de influir sobre la opinión pública permanece intacta. Esa función está ahora repartida entre parte de la prensa, determinadas instituciones académicas y buena parte de la industria cultural.
Las tendencias totalitarias y despóticas que se observan en las democracias occidentales aparecen vinculadas, sobre todo, a las relaciones de dependencia entre el poder político y quienes moldean la opinión pública, aunque adoptan formas muy distintas de las que conocieron nuestros antepasados.
Los mecanismos actuales rara vez consisten en censuras abiertas o prohibiciones expresas. Son mucho más sofisticados. La publicidad institucional, las subvenciones, las ayudas al sector audiovisual, la financiación pública de proyectos culturales, las convocatorias de investigación, las empresas públicas de televisión y radio o la creciente dependencia económica de determinadas actividades respecto del presupuesto público generan incentivos que difícilmente pueden considerarse irrelevantes. No hace falta que el Gobierno dicte lo que debe decirse, aunque con frecuencia lo haga. En muchas ocasiones basta con crear un entorno donde resulte más cómodo coincidir con el poder que con quien discrepa de él.
La consecuencia no suele ser una propaganda burda, sino algo mucho más eficaz. Esto es, la creación de un clima mental en el que determinadas ideas aparecen como indiscutibles, como auténticos dogmas que inducen a la cancelación de quien los rebate. Es precisamente por esto que, tal como ocurrió en el pasado, los auténticos demócratas deberían predicar la separación entre la prensa y el Estado. Sin ella, el avance social y democrático tiende a ralentizarse o decaer.
La cuestión no consiste en desconfiar de periodistas, profesores o artistas. Del mismo modo que el liberalismo del siglo XIX no pretendía eliminar la religión, sino evitar que quedara subordinada al poder político. El debate actual debería centrarse en impedir la dependencia gubernativa y financiera de los medios que pueden excluir a los incómodos.
La verdadera enseñanza del liberalismo no fue únicamente separar la Iglesia del Estado, sino establecer un principio de alcance mucho más general, esto es, la idea de que preservar la libertad exige impedir que el poder político capture a las instituciones encargadas de modelar las conciencias de los ciudadanos. A quien más teme el gobernante con tentaciones totalitarias es al pensador independiente con capacidad de discrepar ante el gran público.
