Hay un dato que debería avergonzar a cualquier sistema sanitario que se precie de universal. En las prisiones españolas hay hoy menos de 200 médicos para atender a una población reclusa cercana a los 48.000 internos. No es una cifra aislada ni una anomalía puntual. Es el síntoma crónico de un modelo que, convocatoria tras convocatoria, fracasa en su intento más elemental de encontrar profesionales dispuestos a trabajar tras los muros de una cárcel.
Los números recientes son casi caricaturescos. En 2024 el Ministerio del Interior sacó 89 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, acumulando puestos desiertos de tres ofertas de empleo público consecutivas (2022, 2023 y 2024). En la segunda vuelta del proceso, solo consiguió cubrir seis. Seis de ochenta y nueve. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) lleva años hablando abiertamente de una crisis estructural, y el Defensor del Pueblo repite en sus informes anuales la misma advertencia, casi como un estribillo institucional que nadie parece escuchar.
¿Por qué un médico recién terminada la residencia elige un centro de salud o un hospital antes que una prisión? La respuesta no exige demasiada sofisticación. Dinero, condiciones y futuro. El sueldo medio de un facultativo penitenciario ronda los 1.450 euros brutos mensuales, más de mil euros por debajo de lo que percibe un homólogo en la sanidad ordinaria. A esa brecha salarial se suma un aislamiento profesional real. Trabajar en una cárcel significa, con frecuencia, quedar al margen de la formación continuada, de la carrera profesional y del contacto con la medicina hospitalaria que permite actualizarse y progresar. Se añade la carga burocrática, la exposición a un entorno de mayor tensión y riesgo, y la sensación —nada infundada— de ejercer una medicina de segunda categoría, apartada del resto del sistema.
Porque ahí está la raíz última del problema, más allá del sueldo, la sanidad penitenciaria sigue dependiendo de Instituciones Penitenciarias y no del Sistema Nacional de Salud, pese a que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 ordenó su transferencia a las comunidades autónomas. Dos décadas después, ese traspaso sigue incompleto en buena parte del territorio. El resultado es un limbo administrativo. Un médico penitenciario no pertenece del todo al mundo sanitario ni del todo al penitenciario, no tiene la carrera profesional homologada de un facultativo del SNS, y trabaja en una estructura que muchos describen, sin exagerar, como residual.
Las consecuencias de este abandono no son abstractas. En algunas prisiones la asistencia sanitaria depende ya de un contratado externo que acude solo dos o tres días por semana y de un servicio de telemedicina que ni siquiera está siempre disponible. La falta de facultativos impide en ocasiones aplicar medidas regimentales que exigen un informe médico previo, obliga a derivar urgencias al hospital con el consiguiente despliegue de ambulancias y custodia policial, y —según denuncian los sindicatos— se correlaciona con un aumento de la conflictividad interna. En 2025 se registraron más de 7.000 incidentes entre internos y 500 agresiones a trabajadores penitenciarios a nivel nacional. No hacen falta demasiados vínculos causales para sospechar que un sistema desatendido médicamente es también un sistema más inestable y más peligroso, tanto para los reclusos como para quienes trabajan en él.
Conviene recordar, además, que la salud en prisión no es un lujo ni una concesión. Es un derecho reconocido y una obligación del Estado hacia personas que, precisamente por estar privadas de libertad, no pueden elegir su médico ni acudir a otro centro si el suyo no funciona. Que a estas alturas la mitad de los internos carezca de una atención primaria mínimamente estable es, sencillamente, un incumplimiento legal disfrazado de problema de recursos humanos.
La solución no pasa por convocar más plazas con las mismas condiciones, un ejercicio que ya ha demostrado su inutilidad. Pasa por completar de una vez la transferencia sanitaria a las comunidades autónomas, equiparar salarios y carrera profesional con el resto del sistema, y reconocer la medicina penitenciaria como una especialidad con valor propio, no como un destino de última instancia. Mientras eso no ocurra, seguiremos convocando plazas que nadie quiere, y la salud de decenas de miles de personas seguirá dependiendo, literalmente, de quién esté dispuesto a cruzar la puerta de una cárcel.
