La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha decidido coger el toro por los cuernos y ponerse al frente de la delegación balear que el próximo martes se reunirá con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Aunque la cita estaba prevista con la consellera Catalina Cladera y para el mes de diciembre, con el objetivo de hablar del nuevo régimen fiscal para Balears, Armengol ve una oportunidad de oro para quejarse del recorte de 67,3 millones de euros a percibir del Estado debido a la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Además, peligran otros 120 millones del Convenio de Carreteras. Armengol acusa a Montoro de “chantajear” a Balears. Por su parte, el PP lamenta que el PSOE haga “política rastrera” y le pide que abandone el “no es no” de Pedro Sánchez, para negociar y apoyar unas cuentas públicas para 2018.
Convendría que todos rebajaran el tono de la discusión, pues lo que está claro es que con la actual coyuntura nuestra comunidad autónoma perderá un dinero que el Govern tenía presupuestado, lo que acabará afectando a los servicios públicos. Ante este problema mayúsculo, lo que procede es buscar soluciones y no tirarse los trastos a la cabeza con descalificaciones políticas que a nada conducen.
La prórroga de los PGE de 2017 tiene consecuencias, que son indeseadas tanto por el Gobierno central como por las Comunidades Autónomas. Por ello, lo que habría que hacer es trabajar para que se puedan aprobar unos presupuestos lo antes posible. Pero eso requiere que el PSOE abandone su postura inmovilista por responsabilidad política. Si no lo hace, las consecuencias son inevitables y las soportarán los ciudadanos.
