La portavoz del Grupo Parlamentario de Podem, Laura Camargo, criticó ayer en rueda de prensa a la formación política Més por la subcontratación de la agencia de comunicación COM365 por parte de una empresa contratada por la Agència de Turisme de Balears (ATB). Camargo calificó la contratación de “paradójica”, olvidando que ni COM365 ni su presidente están inhabilitados para trabajar para la Administración. Es cierto que fue condenado a una pena de multa en el marco del caso Voltor, pero no es menos cierto que no ha sido inhabilitado y, por tanto, no cabe que ni la señora Camargo ni nadie exija la imposición de penas adicionales no establecidas por los tribunales en un juicio.
Lo que realmente cabría calificar de “paradójico” es que Podem impulse un veto a la empresa COM365 con el argumento de que su presidente fue condenado a pagar una multa y paralelamente defienda el derecho de Arnaldo Otegui, condenado por terrorismo, a presentarse como candidato a las elecciones al Parlamento vasco, pese a que en ese caso sí que existe la pena accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo, lo que impide que Otegui sea candidato.
COM365 no ha sido inhabilitada y, por tanto, no cabe que Camargo exija la imposición de penas adicionales no establecidas por los tribunales en un juicio.
Además, la señora Camargo demuestra una doble vara de medir muy preocupante al ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No parece molestarle que uno de los concejales de su partido instrumental en Palma, Aligi Molina, fuera condenado a pagar una multa de 720 euros por un delito de desobediencia y una falta de lesiones, al asaltar violentamente el despacho del conseller de Educación del Govern en mayo de 2012, y además se negase a pagar la multa lo que motivó que el juzgado ordenase el embargo de la nómina del concejal de Som Palma.
Y por supuesto Laura Camargo tampoco considera digna de valoración la información que apunta a una supuesta ilegalidad que investiga la Fiscalía por parte de su concejal, Aurora Jhardi, al haber acordado supuestamente el pago del sueldo a un agente de la Policía Local de Palma y sindicalista involucrado en la trama de corrupción policial a quien la Justicia había confirmado la suspensión de empleo y sueldo.
Como se puede ver, la líder de Podem demuestra tener criterios éticos muy exigentes con todo el mundo excepto con sus compañeros de partido, hasta el punto de impulsar el veto a empresas para que no puedan contratar con otras empresas que trabajan para la Administración.
Las declaraciones de Camargo inducen a pensar que podría tener un interés inconfesable en vetar a unas empresas y en favorecer a otras muy determinadas, con clara vinculación a su partido, algo que ya sucede descaradamente en la televisión pública IB3.
