El Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado hoy que el desalojo forzoso de las casas ocupadas de la zona más degradada del barrio de sa Penya se realizará entre el 26 y 27 de abril.
El operativo estará dirigido por la Policía Nacional, y contará con la colaboración de la Policía Local de Ibiza. A día de hoy, la previsión desalojar a 60 personas, 40 adultos y 20 menores. En total, el lanzamiento afectará a 20 viviendas, ubicadas en las calles Alt i Retir, de este barrio histórico de Vila. Las viviendas son propiedad del Ayuntamiento de Ibiza, después de una operación de expropiación llevada a cabo en 2013.
El desalojo cumple con la sentencia del Juzgado Contencioso Número 1 de Palma de Mallorca que el pasado 11 de enero dio autorización al Ayuntamiento de Ibiza, que había recurrido a los tribunales ante la negativa de los ocupantes de abandonar las casas.
Otras siete viviendas quedarán pendientes de desalojar para una segunda fase ya que fueron ocupadas recientemente, y han demandado la interposición de otro recurso judicial para su desalojo, que aún está pendiente de sentencia.
La cifra de desalojados puede variar durante el mes que queda para la operación policial, ya que los servicios sociales están trabajando en la zona para buscar una solución adecuada a cada familia, para facilitar la salida de las viviendas.
Todas las personas que serán desalojadas fueron notificadas ayer. Aunque por ley se debe realizar una notificación quince días antes del desahucio, el Consistorio ha decidido llevar a cabo dos notificaciones, la primera con una antelación de un mes, y la segunda, que se hará en quince días antes, poco antes del operativo policial.
El decreto, que se ha entregado a las familias y se ha pegado en los muros de las casas, informa que el desalojo se llevará a cabo entre las 9.00 y las 18.00 horas de los días establecidos.
Una vez ejecutado se habilitarán "los medios precisos para evitar nuevas ocupaciones".
"Los servicios técnicos adoptarán las medidas adecuadas para que, inmediatamente realizados los desalojos, los inmuebles queden inhabitables o inaccesibles", indica el decreto.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Pep Tur ha explicado que el objetivo es realizar el desalojo "en buenas condiciones y sin que haya altercados".
El edil ha recordado que en la operación de expropiación se ha indemnizado a propietarios e inquilinos de las viviendas, que aún así se han vuelto a ocupar.
"Una vez que se vayan desalojando la idea es intervenir desde Patrimonio para que hacerlas inhabitables", ha asegurado Tur, que ha mencionado el derribo de tabiques y la desconexión de los suministros, entre las medidas que se adoptarán.
