El anuncio del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su intervención en el Debate de Política General, de la próxima presentación de un primer texto de la norma legal para restringir la entrada de vehículos a la isla, es una decisión valiente y necesaria.
La congestión en las carreteras de Mallorca, fundamentalmente en la Vía de Cintura y los principales accesos a Palma, aún más en temporada alta, hace años que dejó de ser una molestia puntual para convertirse en un problema que genera importantes molestias e inconvenientes a los residentes.
Pese a las intervenciones del Departamento de Carreteras para mejorar los accesos y favorecer la fluidez del tráfico, lo cierto es que la capacidad de las vías de comunicación no es infinita, por lo que tiene sentido que las autoridades de Mallorca intervengan en el sentido anunciado. Formentera en 2019 e Ibiza a partir del día 1 de junio, limitan la llegada de vehículos, estableciendo un cupo que no puede superarse, para evitar situaciones de colapso y asegurar la sostenibilidad del territorio, la calidad de vida de los residentes y la experiencia del visitante.
El camino emprendido por las Islas Pitiusas son precedentes útiles, pero no equiparables. Mallorca es un territorio más grande, con un parque móvil y una presión turística mucho mayores y dos puntos de entrada de vehículos: los puertos de Palma y Alcúdia.
Implementar restricciones supondrá un reto técnico y jurídico de primera magnitud. A ello se suman las resistencias previsibles
Implementar restricciones supondrá un reto técnico y jurídico de primera magnitud. A ello se suman las resistencias previsibles: la CNMC ya impugnó la norma formenterense, por considerar que limitaba la competencia en el alquiler de vehículos; y navieras como Baleària han anunciado medidas judiciales contra la aplicación en Ibiza, calificándola de precipitada e ineficaz.
Frente a este escenario, el presidente del Consell de Mallorca hace bien en apelar al consenso político. Sin un respaldo amplio entre las fuerzas políticas con representación en la institución insular y sin una implicación activa de la sociedad civil, esta iniciativa corre el riesgo de naufragar en los tribunales o en la opinión pública. Pero el consenso, aunque imprescindible, no basta.
La futura norma debe estar jurídicamente blindada, técnicamente bien diseñada y contar con un calendario de aplicación que evite las prisas y minimice los conflictos con operadores económicos. Así, el diálogo y el consenso serán elementos imprescindibles en los planes del gobierno insular. Sin ellos, la medida fracasará.
Mallorca no puede seguir postergando decisiones difíciles. Restringir el acceso de vehículos durante los meses de alta afluencia turística es una actuación controvertida que despertará resistencias, pero cuando la capacidad de carga de las carreteras resulta sobrepasada, no queda más remedio que bajar la barrera y poner límites.
Lo que está en juego no es solo la movilidad, sino el futuro mismo de la isla como destino habitable y sostenible.
