En un comunicado, el presidente del Colegio y de Apibaleares, José Miguel Artieda, recuerda que algunas de las medidas planteadas por el Ejecutivo, como eventuales restricciones vinculadas al mercado inmobiliario, exigirían modificaciones del Tratado de la Unión Europea, lo que implica acuerdos a escala comunitaria. “Si se plantean medidas de este calado, deberían aprobarse previamente desde un consenso político nacional amplio, declarando el acceso a la vivienda como un interés general”, señala.
Desde la entidad profesional insisten en que el acceso a la vivienda no puede convertirse en una herramienta de rédito político. A juicio de Artieda, la falta de un gran pacto de Estado dificulta avanzar en soluciones eficaces: “Se está abordando como un arma política cuando es un problema estructural que requiere respuestas estables y a largo plazo”.
Entre las actuaciones prioritarias, el Colegio destaca la regulación del ejercicio de la actividad inmobiliaria, una reivindicación histórica del sector que sigue sin materializarse precisamente por la ausencia de consenso político y de una declaración clara del interés general. Los API defienden que esta regulación contribuiría a ordenar el mercado y a aportar mayor seguridad jurídica.
El comunicado pone también el acento en la singularidad de Baleares, con una fuerte presión demográfica, un crecimiento de la población extranjera superior a la media nacional y un elevado poder adquisitivo de parte de los compradores no residentes. Esta combinación, advierte Artieda, “conduce a una escalada de precios exponencial, claramente inasumible para muchos residentes”.
En este contexto, y siempre dentro de un marco legal claro y consensuado, el Colegio y Apibaleares consideran que podría estudiarse la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes en determinadas zonas, especialmente en núcleos urbanos consolidados. Eso sí, subrayan que cualquier medida debería estar bien definida, delimitando conceptos como el de no residente y aplicándose solo a determinadas tipologías de vivienda, como los inmuebles plurifamiliares.
“El objetivo debe ser encontrar soluciones equilibradas, jurídicamente sólidas y adaptadas a la realidad de cada territorio”, concluye Artieda, quien asegura que el Colegio seguirá colaborando con las administraciones públicas para aportar conocimiento técnico y contribuir a garantizar el acceso a la vivienda sin generar distorsiones adicionales en el mercado.
