El Gobierno justifica la adopción de medidas en aplicación del artículo 155 de la Constitución por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.
El Gobierno ha preparado un documento de once fólios en los que justifica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.
Esos son los cuatro "grandes objetivos" que amparan, según el Ejecutivo, la aplicación de este procedimiento que se plantea "de forma garantista", persiguiendo en todo caso "asegurar derechos y no restringir libertades".
En este documento, el Gobierno también acude a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del año 2014 dice que el artículo 155 "opera como medida de último recurso del Estado ante una situación de incumplimiento, manifiesto y contumaz, deliberado o negligente de una determinada comunidad autónoma, que no ha adoptado, primero por propia iniciativa y luego a instancias del Estado, las medidas oportunas para corregir la desviación en la que ha incurrido".
En otra sentencia de 1981, que cita este texto, el alto tribunal califica el artículo 155 como uno de los preceptos constitucionales "consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación".
En otra parte del documento del Ejecutivo se explica "que las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico".
En este sentido, cita el traslado de domicilios sociales de importantes empresas catalanas, el daño a la actividad turística y, en el ámbito industrial, una disminución en el número de pedidos de automóviles, mientras que en el comercio interior se observa una bajada de las ventas en grandes superficies.
Rajoy ha reducido a dos las medidas que incluirán el precepto constitucional, por una parte, el cese del presidente, el vicepresidente y de los consejeros del Govern, de manera que las funciones pasarán a manos de “los órganos o autoridades que designe el Gobierno”, aunque Rajoy ha señalado que en principio, la idea es que las competencias las asuman los ministros.
De esta forma, los Mossos pasarían a ser competencia de Interior y las finanzas catalanas pasarían a manos del Ministerio de Economía.
De esta forma, la Administración de la Generalitat, de acuerdo con artículo 71 del Estatut, “continuará funcionando como hasta ahora”, conforme a las funciones que el Estatut y la normativa le atribuyen, aunque “se trabajará bajo directrices de los órganos creados”, ha condicionado el presidente.
La segunda gran medida tiene que ver con el Parlament y, en buena parte está relacionada con la primera y el objetivo de que las elecciones sean convocadas por el propio Rajoy.
Así, el presidente propone al Senado vetar que la presidenta del Parlament pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni que la Cámara catalana pueda celebrar el debate y votación de investidura.
De esta forma, los Mossos pasarían a ser competencia de Interior y las finanzas catalanas pasarían a manos del Ministerio de Economía.
