La última acción vandálica de Arran contra la fachada principal de la céntrica sede de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, en la calle Montenegro de Palma, ha causado indignación general. El Ejecutivo ha condenado con contundencia el ataque de este grupúsculo de extrema izquierda, independentista, radical, violento y antisistema que, además, graba en vídeo sus actos delictivos destrozando espacios públicos, lanzando amenazas, quemando fotografías de políticos y hoteleros y, para colmo, para difundirlo orgullosamente en redes sociales.
No se trata en absoluto de una simple gamberrada. Es una estrategia delictiva premeditada que busca la agitación política y el desgaste institucional a través de la coacción, la intimidación y el odio.
Arran no es una organización juvenil con ideas equivocadas: es una banda radicalizada que actúa impunemente, desafiando a las instituciones democráticas, violando el Código Penal y jactándose de ello. En el vídeo difundido esta semana, no sólo vandalizan la Conselleria, sino que rematan la faena quemando retratos de figuras públicas.
No se puede normalizar el delito. No se puede tolerar que se utilice la “protesta” como coartada para justificar la violencia. La línea que separa la libertad de expresión del delito de odio y la apología del crimen está más que cruzada. Arran ya no protesta: ataca, daña y amenaza. Y lo hace con el rostro cubierto, como los cobardes, pero con una narrativa incendiaria muy clara: hostilidad abierta hacia todo lo que represente la actividad turística, la propiedad privada y las actuaciones del Govern elegido democráticamente.
Con sus actuaciones, convenientemente difundidas a través de sus redes sociales, Arran ataca la principal actividad económica de Baleares y lanza un mensaje muy dañino del que se hacen eco los medios de comunicación en los principales mercados emisores. De no hacer nada, se corre el riesgo de que los ciudadanos de aquellos países perciban que no son bienvenidos y opten por escoger otros lugares para sus vacaciones, lo que sería muy perjudicial para la economía balear en su conjunto.
De no hacer nada, se corre el riesgo de que los ciudadanos de aquellos países perciban que no son bienvenidos y opten por escoger otros lugares para sus vacaciones, lo que sería muy perjudicial para la economía balear en su conjunto
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben intervenir sin complejos, identificar a los autores, detenerlos y ponerlos a disposición judicial. Porque lo que viene haciendo Arran no es una travesura ni una forma de expresión cultural: es un delito contra el patrimonio público, un atentado contra la seguridad ciudadana y contra la convivencia democrática.
Hay margen legal para actuar. Hay pruebas documentadas —ellos mismos las difunden—. Y hay una sociedad cada vez más harta de que se permita a una minoría antisistema convertir el espacio público en su campo de batalla. Si no se actúa ahora con firmeza, se estará enviando un mensaje muy peligroso: que el vandalismo sale gratis si se disfraza de ideología. Eso, en democracia, es inaceptable.
La impunidad alimenta la reincidencia. Si no se corta de raíz, veremos más vídeos, más pintadas, más amenazas y, tal vez, algo peor. Las autoridades tienen la obligación moral y legal de actuar con toda la contundencia que el Estado de Derecho permite. Basta ya de tolerancia con los intolerantes. Basta ya de permitir que unos pocos violentos perturben la tranquilidad de la mayoría pacífica. A Arran hay que responderle con el Código Penal en la mano. Y con decisión. Sin miedo. Sin medias tintas.
