Se inicia un nuevo curso escolar y de nuevo nos encontramos con decenas de aulas modulares -popularmente llamadas ‘barracones’- en distintos centros públicos de nuestra comunidad. Nada de ello es atribuible al actual Govern, sino, obviamente, al ejecutivo de Armengol que le ha precedido a lo largo de dos legislaturas.
Acaso algún ciudadano desinformado pudiera pensar que ha habido una escasa inversión en infraestructuras educativas a lo largo de estos últimos ocho años. Bien al contrario, la Conselleria d’Educació del Pacte ha destinado muchos millones de euros a la creación de nuevos centros públicos, en muchas ocasiones con la única e inconfesable finalidad de acabar con la concertada. El problema es que invertir mucho no significa invertir bien.
Porque, cuando las inversiones se priorizan por orden ideológico y con vistas electorales, acaba sucediendo la paradoja que estamos viviendo. Se han proyectado muchos colegios e institutos allí donde no existían necesidades educativas que no pudieran ser cubiertas por los centros existentes -públicos o concertados- pues, según la LOE, ambos configuran el servicio público de la educación y se complementan entre sí.
Bastaba con que se contentasen las aspiraciones del alcalde afín de turno para poder hacerse una foto inaugurando un nuevo centro para que esta circunstancia se antepusiese a la racionalidad o necesidad real de la inversión. Bien al contrario, si el munícipe era de la oposición o se había mostrado crítico con el Govern, podía olvidarse del tema, jamás le construirían el centro solicitado.
Por supuesto, el Pacte solo ha priorizado la red privada concertada en un sector tan crítico como la Educación Especial, porque, con la milonga de que ellos apuestan por una ilusoria inclusión de todos los alumnos con dificultades en aulas ordinarias, -algo para lo que se necesitaría una ingente cantidad de recursos que nunca han estado dispuestos a dotar- se inhibían de invertir un solo euro en una red de centros específicos destinados a aquellos que presentan más dificultades, pues saben que dicha red es altamente deficitaria. A las personas con las discapacidades de mayor grado que las atienda la red privada concertada, que nosotros nos dedicamos solo a los centros que nos rentan votos y que nos permiten salir en la foto. Ese ha sido el nivel.
El Pla d’Infraestructures Educatives del Pacte es un gigantesco despropósito, alentado por organizaciones afines del sector, que está hipotecando incluso los intentos del nuevo Govern de reconducir las inversiones a la senda de la racionalidad, para lo cual se debe priorizar la construcción de nuevos centros -en un contexto de enorme descenso de la natalidad- allí donde realmente no exista una alternativa sostenida con fondos públicos y, sobre todo, mantener en buen estado las instalaciones existentes, algunas de las cuales presentan un lamentable estado, absolutamente incoherente con el paraíso educativo que nos pretendía vender la izquierda.
Ya se sabe que a los gobiernos progresistas jamás les son suficientes ni una, ni siquiera dos legislaturas seguidas, para cumplir mínimamente con lo prometido. La desaparición total de los barracones era una exigencia de las asociaciones de padres de la enseñanza pública antes de 2015, aunque en los últimos ocho años se ve que sus portavoces han padecido una afonía persistente, bien regada desde la administración con centenares de miles de euros. Tras el cambio de gobierno en Balears, a buen seguro pronto comenzarán a clamar contra esta situación, de la que no hemos de olvidar que son corresponsables, por acción u omisión.
