Podem, Més per Mallorca y PSIB han acordado y presentado de forma conjunta un paquete de 60 enmiendas a la futura Ley de la Vivienda de Balears. Se trata de medidas que dada la mayoría parlamentaria de los tres partidos, de facto y salvo desacuerdo imprevisto, formarán parte del texto definitivo. Las viviendas de protección oficial serán sólo de alquiler y a los propietarios que tengan casas desocupadas se les instará a destinarlas a alquiler social. El Govern se obligará a proporcionar una vivienda o una ayuda económica a colectivos como discapacitados o mujeres maltratadas. Tal y como han anunciado los tres partidos el objetivo fundamental es "desmercantilizar el derecho a la vivienda" y que se reconozca "la vivienda como un derecho con el que entendemos no debe especular".
El diputado de Podem, Aitor Morrás, ha asegurado que "estamos muy orgullosos de transformar la vivienda de un problema en un derecho y que deje de ser una carga para las familias"
VIVIENDA PÚBLICA
La ley "garantiza que la vivienda pública se mantenga en propiedad de la administración, de modo que la condición de VPO será permanente". Además se ha conseguido que la VPO nueva se destine únicamente al alquiler y no a la venta, "de forma que el endeudamiento recae sobre la administración y no sobre las familias". También han apuntado que la Ley garantiza un alquiler, que mediante otra enmienda se denomina 'alquiler social', y que es el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Uno de los elementos centrales de la Ley es limitar el impacto del turismo en el derecho a la vivienda, "uno de los problemas más urgentes de estas Islas", y por esto introducen otra enmienda por la que se "imposibilita destinar vivienda en uso turístico cuando se han llevado a cabo obras con ayudas o convenios de colaboración con la Administración".
NECESIDAD HABITACIONAL
La ley garantizará que el Govern presente un Plan de vivienda pública para que en 10 años disponga del número suficiente de viviendas que permita dar respuesta a la necesidad habitacional a un mínimo de 5.000 familias. Actualmente hay alrededor de 2.000 personas en las listas de espera del Ibavi.
También se ha creado también el Servicio de Vivienda Desocupado (que primero se había llamado Oficina de Vivienda Desocupado), que llevará el registro de las viviendas desocupadas de las Islas de aquellos propietarios de más de 10 viviendas que lleven desempleadas más de 2 años, y hará de intermediario entre propietarios y arrendatarios para su uso, "mejorando el seguimiento de las políticas públicas de movilización de la vivienda desocupada para activar su función social alojando a familias en régimen de alquiler anual".
Según Més, PSIB y Podem se ha conseguido “que por primera vez las personas en riesgo de exclusión residencial, mujeres víctimas de violencia machista, personas con un grado de discapacidad superior al 33% entre otros, puedan reclamar al Govern, ante los tribunales, en el caso de no se les dé una solución habitacional o ayudas para garantizar una vivienda digna". Han acordado promover “la rehabilitación como herramienta para evitar la gentrificación de determinados barrios a los que después de padecerla sólo tienen acceso las personas con un alto poder adquisitivo".
