Los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares ya pueden reclamar el pago de los atrasos del incremento de las cuantías de la indemnización por residencia en el archipiélago. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes las instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal destinado en las islas del incremento previsto en el Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado martes, con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes en función de los diferentes grupos profesionales, además del modelo de solicitud del pago de los atrasos.
Las cuantías mensuales fijadas en el acuerdo tendrán efectos económicos desde el 1 de julio de 2026 y deberán hacerse efectivas a partir de la nómina de julio, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o existan otros supuestos en los que, por motivos técnicos, no resulte posible, en cuyo caso el abono se realizará en la primera nómina en que sea posible.
EL ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y SINDICATOS
El pasado lunes, el Gobierno central y los sindicatos cerraron en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado las mejoras en el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares, con cuantías que oscilan entre los 105 y los 697 euros al mes según los diferentes grupos profesionales y las islas de destino.
El acuerdo suscrito determina que, en el caso de Mallorca, el complemento de los funcionarios del grupo A1 pasa de 115,01 a 214,61 euros; el de los A2, de 92,5 a 175,4 euros; el de C1, de 80,51 a 144,6 euros; el de C2, de 53,39 a 119,2 euros, y el de AP, de 49,48 a 105,31 euros.
MAYOR SUBIDA PARA EL RESTO DE ISLAS
Para el resto de islas, el incremento es superior: los A1 pasan de 127,33 a 697,6 euros; los A2, de 110,99 a 502,30 euros; los C1, de 101,42 a 405,10 euros; los C2, de 68,60 a 297,90 euros, y los AP, de 68,03 a 263,17 euros.
El aumento de la indemnización por residencia beneficia a las cerca de 11.200 personas que trabajan en la Administración del Estado en Baleares y tendrá un coste estimado de 16,3 millones de euros anuales.
