La mayoría de los ayuntamientos de Baleares no están aplicando el decreto de emergencia habitacional del Govern. Los promoteres han mostrado en este sentido su crítica por "la falta de voluntad política" y lamentan que se esté desaprovechando la oportunidad de facilitar vivienda.
La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares ha advertido este viernes que la mayoría de ayuntamientos de Baleares no estén dispuestos a aplicar el decreto de vivienda "por falta voluntad política" y para "evitar conflictos" dentro de los propios municipios.
El vicepresidente de la asociación Óscar Carreras ha lamentado que los consistorios "hayan ido a lo fácil" y estén desaprovechando la oportunidad que se les brinda desde el Govern para facilitar vivienda. "Siempre se acusa a los promotores de especula y ha llegado la hora de dar la vuelta al argumento", ha afirmado.
Los promotores han informado que en Mallorca, solo Palma, Inca, Andratx y Calvià han aplicado el decreto de emergencia habitacional, junto a Santa Eulària (Ibiza) y Ferreries y Sant Lluís (Menorca). "No hay excusa", ha insistido Carreras, cuando "se está dando a oportunidad de impulsar tramitaciones por la vía de urgencia".
Para el presidente de los promotores, Luís Martín, es "lamentable" que los consistorios "desprecien" el texto. "Les dan una oportunidad y ayuntamientos de todos los colores lo están rechazando", ha alertado.
Por otra parte, en relación a los 96 millones de euros que deberá pagar el Govern por la desclasificación de Muleta II, los promotores han criticado la "soberbia" de los políticos que tomaron una decisión "y que no tendrán que asumir el coste". "Ser políticamente ecologista sale barato, ser ciudadano es muy caro. Tocaremos a unos 100 euros", ha asegurado.
El presidente de los promotores ha recordado que la administración esperó a que se urbanizara para desclasificar y que se podría haber negociado para que el coste de la administración fuera menor.
A preguntas de los medios, Luís Martín se ha referido a sus declaraciones sobre la Comisión de Medio Ambiente -en un foro dijo que habría que quemarla- y, aunque ha asegurado que no se arrepiente, ha añadido que "debe existir".
Martín ha lamentado que sus declaraciones informales se hayan tergivesado mediática y políticamente y ha recordado que dijo que "habría que quemarla y empezar de nuevo" lamentando que el buen trabajo de los técnicos se "intoxique" por la dirección.
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