Es una magnífica iniciativa la de ir de la mano de otros territorios españoles extrapeninsulares a la hora de reivindicar mejoras que equiparen la movilidad de los ciudadanos y de las empresas que en ellos residen, con la de los residentes y empresas peninsulares. No cabe ninguna duda que la insularidad característica de Canarias y Balears, así como las características extrapeninsulares de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, actúan de notable desventaja en todos los órdenes. Principalmente en cuanto a condicionar la libre circulación de personas y mercancías, encareciéndola y restando competitividad a las empresas.
La petición que se plantea de la subvención por el Estado del 100% de las tasas aeroportuarias para los residentes en los archipiélagos y las ciudades autónomas y el aumento del descuento del billete marítimo y aéreo, pasando del 50% actual al 75%, es absolutamente justa y plausible. También la bonificación del transporte marítimo de vehículos. Y que se formule conjunta y coordinadamente por todos los territorios afectados, hace que gane fuerza y que sea mayor la presión para que el Ejecutivo central sea sensible con esta problemática, además de dejar sin argumentos a quienes sostiene que el Gobierno de España tiene “balearofobia”.
Además, la circunstancia de que al igual que en la negociación de los presupuestos de 2017, el apoyo del diputado en el Congreso de Nueva Canarias sea determinante, juega a favor. Como lo hizo cuando Balears logró de rebote el incremento del descuento de residente del 50 al 75% en los traslados interislas, al conseguirlo Canarias. Y también ha de destacarse que los gobiernos de Ceuta y Melilla están en manos del PP, del mismo color político que el Gobierno de Mariano Rajoy, lo cual siempre ayuda.
Así pues, solo resta desear éxito en las negociaciones que en este sentido se aborden para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, de forma que se recojan las reivindicaciones de los territorios extrapeninsulares. Aunque al respecto hay que lamentar la incongruencia que supone que el Govern de Francina Armengol reclame mejoras que solo pueden venir vía presupuestos, a la vez que su partido (el PSIB) se niega a negociar siquiera con el PP los PGE y sus diputados en el Congreso previsiblemente votarían en contra, aunque contemplasen las demandas que ha formulado el conseller Marc Pons.
