El conocido como ‘caso Cursach’ ha dado un giro inesperado al saberse que la testigo protegida número 31, una de las principales testigos de cargo de la causa, acusa ahora al juez que instruye el caso, Manuel Penalva, al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, e incluso a algunos agentes de la Policía Nacional, de teledirigir su testimonio e incluso de mentir. Según el abogado Vicente Campaner, la testigo 31, más conocida por ser la madame de la casa de citas, le reveló el jueves haber testificado bajo coacción y disponer de grabaciones que lo demostrarían, así como conversaciones de WhatsApp con el juez y el fiscal.
Este cambio radical en el relato de la madame supone una nueva vuelta de tuerca en las acusaciones de irregularidades que algunos letrados personados en la causa atribuyen a Penalva y Subirán. Campaner, que ya presentó ante el TSJB una querella criminal contra ambos, que ha sido ampliada hasta en tres ocasiones, reclama que sean apartados de la causa. Pero los magistrados del TSJB aún no han decidido si admitir la querella o inadmitirla, como desea el fiscal jefe de Balears, quien dice no apreciar indicios de delito.
El comportamiento de Subirá y Penalva en este caso ha estado plagado de episodios poco habituales, lo que imprime al ciudadano corriente una sensación de poco rigor. Hasta ahora se justificaban tales episodios en la gravedad de los delitos investigados y en la dificultad de probar los delitos dado el número de imputados, muchos de ellos policías locales y funcionarios. Pero la acusación de manipular testigos para incriminar a los principales acusados es persistente y procede que el TSJB, máximo órgano jurisdiccional de Balears, se pronuncie con celeridad.
