Imagen de archivo de Toni Costa en una rueda prensa posterior al Consell de Govern.
El Consell de Govern ha aprobado este viernes un nuevo decreto de aceleración de proyectos estratégicos que, a diferencia del anterior, llega pactado con Vox después de que la formación de Santiago Abascal lo tumbara en el Parlament el pasado 30 de septiembre. El Ejecutivo autonómico da así por garantizada su convalidación al eliminar la vía rápida para proyectos de energías renovables, que deberán tramitarse por el procedimiento ordinario.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa que el texto es “el mismo que se aprobó hace tres meses”, aunque incorpora “ligeras modificaciones” fruto de la negociación con el socio parlamentario del PP.
El nuevo decreto suprime, a petición de Vox, las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE), así como las modificaciones previstas en la ley de carreteras y en la ley de cambio climático que figuraban en la primera versión. La formación ultra ha celebrado haber frenado lo que considera una “desregulación encubierta” que podía facilitar la instalación masiva de energías renovables en suelo rústico.
“Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha asegurado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.
El decreto recupera la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), creada para agilizar, simplificar y acompañar proyectos públicos y privados considerados relevantes para la economía balear. Esta figura será el marco principal para acelerar la tramitación, reducir plazos y ofrecer apoyo técnico especializado.
La norma también regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. La UAPE asumirá el acompañamiento de los proyectos privados que opten a la declaración de PEIE. Contará con un jefe de proyecto como interlocutor único entre los promotores y la Administración, coordinará los trámites ante todas las administraciones implicadas y hará seguimiento de los proyectos durante su implantación.
El Govern señala que los promotores también tendrán acceso a un servicio de apoyo para proyectos aún no maduros, que les orientará sobre incentivos, financiación disponible y servicios según sus necesidades.
Un proyecto privado podrá obtener la declaración de PEIE mediante dos vías. La primera exige cumplir criterios de inversión mínima según el sector: a partir de 0,5 millones en el ámbito agrario, tres millones en innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua, y diez millones en el resto de actividades. También podrá obtenerse por criterios laborales, como la creación de entre cinco y veinte puestos de trabajo estables, o el mantenimiento de al menos veinticinco empleos en riesgo.
La segunda vía no requiere cumplir umbrales económicos o laborales previos, pero sí acreditar un impacto transformador en el modelo productivo balear, contribuir a la diversificación de la economía o generar un efecto social significativo. En estos casos, la conselleria sectorial deberá avalar expresamente su carácter estratégico.
Los proyectos declarados PEIE contarán con tramitación preferente, reducción de plazos, ventanilla única, acompañamiento técnico continuado, acceso prioritario a financiación pública y estímulos a la formación y la contratación.
El decreto mantiene la cobertura legal para el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca, un acuerdo que, según Costa, podrá ponerse en marcha “de forma inmediata y legal”.
En materia de sector público, el Govern asegura que el nuevo marco unifica y simplifica la regulación vigente. Entre los cambios destaca la eliminación de la caducidad de la declaración PEIE a los dos años. El ámbito de aplicación se amplía a todo el sector público autonómico e insular, incluidas fundaciones.
Además de Palma e Ibiza, el resto de entidades locales podrán solicitar la declaración de PEIE para inversiones en el ciclo del agua, eficiencia energética o tratamiento de residuos. La Administración General del Estado también podrá solicitarla a través de la conselleria competente.
La Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) será el órgano encargado de evaluar los proyectos privados que aspiren a ser declarados PEIE por el Consell de Govern. Estará presidida por el conseller responsable de inversiones estratégicas e integrada por representantes de las direcciones generales y administraciones implicadas.
Según el Govern, la CAPE velará por el correcto desarrollo de los proyectos, identificará barreras administrativas y propondrá mejoras para optimizar los procedimientos.
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