“No es un portazo en las narices ni muchísimo menos. Es un continuar para depurar este decreto y volverlo a traer cuando pueda ser aprobado”, señaló Rodríguez durante el debate. El parlamentario advirtió al PP que “en algún momento tendrán que aceptar que el voto de la ciudadanía fue para enviar a la izquierda a la oposición y para decir que ustedes y nosotros nos tenemos que entender. Para entenderse hay que sentarse y hablar”.
Aunque Vox evitó mencionarlo de forma explícita, el trasfondo del rechazo está en la negativa del PP a aceptar la toma en consideración de la propuesta de reforma educativa de Vox sobre la vehicularidad del castellano en la enseñanza.
Un decreto clave para el Govern
El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, defendió el decreto como una “herramienta decisiva para el futuro de Baleares”, orientada a diversificar la economía, acompañar inversiones estratégicas y avanzar hacia “una economía más robusta, generadora de valor añadido y sostenible”.
“Queremos poner alfombra roja a los proyectos que verdaderamente transformen el modelo económico de nuestras islas”, subrayó Costa, frente a las acusaciones de la oposición de impulsar “especulación urbanística” y “regalar derechos urbanísticos a intereses privados sin pedir informes a nadie”.
El texto incluía, entre otros puntos, la creación de una unidad aceleradora de proyectos integrada en la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, así como una moratoria para instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico.
Críticas en bloque de la oposición
El diputado del PP Jordi López defendió el cambio “de un sistema lento y desordenado a un modelo ágil, transparente y eficaz” y aseguró que el objetivo es atraer “proyectos de calidad que generen un impacto positivo para la sociedad”.
Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios cargó contra la iniciativa. El socialista Llorenç Pou la calificó de “propuesta a favor de la especulación urbanística” y denunció la declaración exprés de la facultad de Medicina del CEU San Pablo como proyecto estratégico. MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidad Podemos coincidieron en acusar al Govern de “dar manga ancha” a intereses privados y discriminar a proyectos pequeños.
Además, todos los partidos de la oposición criticaron la inclusión en el decreto de la cuestión del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. Pou acusó a Costa de “pasar de puntillas” sobre este punto.
El voto de Vox no se reveló hasta el final del debate, cuando el grupo intervino en el turno de fijación de posiciones, sin posibilidad de réplica. Hasta ese momento, en los pasillos y en el hemiciclo fueron constantes los contactos y conversaciones entre diputados del PP, Vox y miembros del Govern.
Finalmente, el rechazo del socio parlamentario preferente dejó al Ejecutivo de Prohens sin decreto y con un mensaje político claro: Vox marca distancias, pero deja la puerta abierta a un nuevo acuerdo si el PP se sienta a negociar.
