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Madre no hay más que una, y la deducción la encontré en la calle

Por Jorge Sáinz de Baranda
domingo 29 de agosto de 2021, 08:46h

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Igual que Groucho Marx (1890-1977) decía que nunca pertenecería a un club que le admitiera como socio, ya les digo que yo estaría en todas las “listas negras” que me permitieran permanecer en ellas.

La expresión “lista negra” -blacklist- se originó en el reinado de su graciosa Majestad Enrique VIII, Rey de Inglaterra y Señor de Irlanda, cuyos hechos más notables fueron la ruptura con la Iglesia Católica, la consolidación de la Iglesia Anglicana y sus seis matrimonios -y no necesariamente por ese orden-, y que mandó elaborar un Informe sobre los monasterios y las presuntas conductas pecaminosas que en ellos se producían, informe que para entregárselo fue encuadernado con tapas negras.

¿Y sabes, querida, a quien le encantan las listas negras? Pues, efectivamente, la que se pirra por ellas es nuestra siempre presente Administración Tributaria, que aprovecha cualquier ocasión o BOE para confeccionar una nueva lista en la que incluir a los más variopintos entes y personajes que pueblan nuestras tierras.

Les cuento la última que me chiva un amigo muy querido, y mentado, en estas y otras páginas.

En 2018 se puso en marcha una nueva deducción en el IRPF de hasta 1.000 euros por gastos de guardería, dirigida a madres con hijos menores de 3 años que estuviesen trabajando por cuenta ajena como empleadas o por cuenta propia como autónomas, y dadas de alta en la Seguridad Social o en la mutualidad correspondiente en el caso de estas últimas.

Además, como es lógico, era condición haber pagado esos gastos de custodia, de forma que si pagas guardería pero no trabajas, no lo podrás deducir, y si trabajas y no pagas guardería, tampoco la podrás disfrutar.

Lo que las madres trabajadoras no se esperaban es que, ¡¡sorpresa!!, no iban a tener derecho a la deducción si la Guardería a la que llevaban a su retoño -o “retoña”- había pasado a formar parte de una nueva “lista negra” de Hacienda al no cumplir -la guardería, no ellas- con las condiciones que luego se exigirían.

Lo cierto es que la norma simplemente hablaba de “centros de educación infantil autorizados por la Administración competente”, sin especificar el tipo de autorización, lo que en principio abría el abanico a todo tipo de centros en los que se llevara a cabo la custodia de niños y tuvieran licencia de actividad, al menos municipal.

El problema surge en el momento en que la Administración acota dichos centros y señala que solo tienen la consideración de centros de educación infantil autorizados aquellos que estén en la lista de las Comunidades Autónomas, quedando fuera los que cuentan únicamente con la licencia otorgada por el Ayuntamiento respectivo.

Si vamos a los números, que saben que es algo que me “pone” -entre otras cosas, no se me alteren-, según la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade), existen unos 5.000 centros autorizados por las Comunidades Autónomas, más o menos el mismo número que los centros que solo tienen licencia municipal. Por tanto, la mitad de las madres trabajadoras que cumplen con los requisitos, y se gastan el dinero en guarderías que realizan la actividad pero no están en la Lista, se quedan sin la deducción anual de los 1.000 euros, que además se paga por anticipado, lo que supone una pérdida muy importante para ellas.

Y la pregunta del millón -o dos- ¿Cuál es el verdadero objetivo de la deducción? ¿Qué las madres trabajadoras tengan un incentivo fiscal que les permita conciliar la vida familiar y laboral, o que hagamos una “purga” entre las guarderías que están o no en las listas autonómicas, como si de un triste aspirante a Parlamentario se tratara?

La Administración debe proteger y ayudar a las madres trabajadoras que se gastan parte de su sueldo en pagar una guardería para que cuiden a sus hijos; y si se quiere sancionar o cerrar o multar a aquellos centros que, a su juicio, no cumplen con los requisitos, tienen cauces administrativos para ello sin tener que pegar la patada, como siempre, en las sufridas posaderas del contribuyente.

De momento los Tribunales empiezan a dar la razón a las madres, al menos con las multas, aunque desgraciadamente Hacienda sigue en sus “trece”. Y es que ya lo saben, madre no hay más que una… y a la Administración Tributaria la encontré en la calle.

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