El Ayuntamiento de Palma se ha propuesto meter en vereda a los funcionarios. Se acabó eso de fichar e irse al bar a desayunar. A partir de ahora, si el plan de Isern sale adelante, se controlará su entrada y salida y también si están en su puesto de trabajo. El objetivo: ahorrar dinero mejorando la eficacia del personal y su productividad. ¿Se imagina que en una empresa privada alguien tuviera que controlar si los trabajadores cumplen con sus ocho horas? Es totalmente impensable simplemente porque los empleados saben que o cumplen con su labor o se van de patitas a la calle. Pero en la empresa pública la cosa es diferente. Los funcionarios, salvo honrosas excepciones, creen que tener un puesto fijo les da derecho a hacer lo que les viene en gana, a ponerse sus propios horarios y a decidir si los cumplen o no. Luego se quejan de la imagen que los ciudadanos tienen de ellos, merecida en muchos casos. No es cuestión de demonizar a este colectivo, pero sí de meterles en cintura.
