El Govern de les Illes Balears que preside la socialista Francina Armengol, ha acordado devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Alrededor de unos 15.000 ciudadanos recobrarán el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los residentes, con todos los derechos inherentes incluyendo la atención farmacológica.
Esta medida estaba explícitamente recogida en el programa electoral de los partidos que dan apoyo al Govern, por lo que no debe extrañar a nadie que sea de las primeras en ser aprobadas en Consell de Govern. Además y como se encargó de destacar el conseller portavoz, Marc Pons, no ha habido una cuantificación del teórico ahorro que esta medida acarreó, sino que por el contrario, dado que la atención en urgencias se mantuvo para estos ciudadanos, hay informes que apuntan a que la medida en cuestión fue más gravosa para las arcas públicas puesto que la asistencia en urgencias es más cara que en atención primaria.
La supresión de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares fue una medida controvertida y muy protestada por diversas organizaciones como Médicos del Mundo, ProSocial, Amnistía Internacional y el Ilustre Colegio de Abogados de Balears. No en vano, hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto-ley 16/2012, que es la norma legal que privó de asistencia sanitaria general a los inmigrantes en situación irregular. Y por si fuera poco, durante la pasada legislatura hasta ocho comunidades autónomas no aplicaron la normativa estatal y continuaron atendiendo a todos los ciudadanos independientemente de su situación administrativa.
Lo cierto es que la medida aprobada por el Govern otorga derechos a ciudadanos que habían sido privados de ellos en una materia tan sensible como la salud y que además se aplicó a un colectivo extremadamente vulnerable. La asistencia sanitaria es un derecho básico y no debiera negarse a nadie por motivos burocráticos o administrativos, sin perjuicio de que se intente cobrar el servicio prestado a quienes puedan dispongan de medios económicos para hacer frente a este gasto, ya sea en atención primaria, ya sea en especialidades, ya sea en hospitalización. El sufrimiento innecesario de los inmigrantes irregulares no nos hace una sociedad mejor. Todo lo contrario.
