IB3 empieza a ser ca n’estudi en lugar de ca n’acció. Es decir, mucho estudio y poca acción en el Ente público.
Jaume Font se refería así el pasado martes en sesión parlamentaria al informe solicitado a una prestigiosa consultora sobre la internalización del personal. Este es el segundo estudio que se encarga en los últimos ocho años para acallar la histórica reivindicación de la plantilla de Informativos, alimentada por promesas electorales.
La internalización en IB3 no interesa. Abordarla es para valientes y no está al alcance de cualquiera. Como tampoco lo está decir que no se hará. Mientras tanto, algunos se dedican a jugar con las expectativas de la plantilla y marean la perdiz presentando las conclusiones de un estudio cuando la legislatura agoniza.
Y digo que no interesa abordar la internalización porque ¿qué sentido tiene haber esperado a finales de este mandato para presentar los resultados del estudio?
El estudio se debería haber realizado antes de hacer la promesa electoral. ¿Se estaba prometiendo algo cuyo alcance y coste se desconocía? Un poco temerario e irresponsable, ¿no? Cuando menos, poco profesional.
Un estudio que, por otro lado, podría haber elaborado el personal de la casa o, incluso, el equipo directivo. Pero no. Se ha optado por una súper consultora.
Ya sabemos para qué sirven los estudios encargados ad-hoc: para decir lo que, quien paga, no se atreve a decir.
Pregunten por el coste de ese estudio. PriceWaterhouseCoopers es una gran consultora pero, todas las de ese nivel, cobran sus honorarios en base a un equipo formado por varios consultores y un director de proyecto. Y no se ponen por menos de poco.
Y ya les anticipo lo que van a decir. Que hay que delimitar dónde empieza y acaba la internalización. ¿Se debe internalizar solo el personal de Informativos o también el personal técnico? ¿No será discriminatorio internalizar a unos sí y a otros no? ¿Con qué motivación grabará el cámara no internalizado a su compañero de informativos internalizado?
Más aspectos del informe: Que los costes de internalizar unas 150 personas rondan los 6 millones de euros anuales solo en nóminas y seguridad social. Que hay que esperar a que acaben las subcontratas si no quieren pagar indemnizaciones. Que los salarios de la plantilla internalizada serán superiores a los que cobran en la actualidad. Que a partir del momento, deberán asumir la seguridad social, cosa que disparará el gasto en personal aunque se ahorrarán el margen que aplica la subcontrata. Que los sueldos deberán ser similares a la de otras televisiones públicas autonómicas. Que la internalización se sabe cómo empieza pero no como acaba porque la bola siempre se hace más grande. Se empieza con 150 personas y se acaba con 300 o más, porque hay que cubrir vacaciones, absentismo, permisos, excedencias. Que hay que dotar de más personal a las áreas centrales que dan soporte a la gestión económica y de Recursos Humanos para dar cobertura a una mayor plantilla, etc. Que también hay que asumir una inversión en equipos y material que ahora coore a cargo de la subcontrata.
Les acabo de ahorrar los 30 o 40 mil euros que, como poco, costará ese informe. Aunque puede que me quede corto.
Pero claro, no es lo mismo decir que, a pesar de haberlo prometido en campaña electoral, no se puede internalizar, no porque lo diga la dirección o la presidenta del Govern sino, porque, y lamentándolo mucho, lo dice la prestigiosa consultora PriceWaterhouseCoopers .
Ya lo ha dejado caer la presidenta Armengol: “No quiero dar falsas esperanzas a nadie y no quiero frustrar más sensaciones de nadie”.Hagan apuestas pero ésta será otra promesa electoral incumplida durante esta legislatura.
Espero que no vuelva a llevarse a la campaña electoral que se inicia en los próximos meses. Los trabajadores de IB3 Televisión y Radio no se merecen más engaños. Se merecen políticos o directivos valientes que cumplan las promesas o que directamente digan a sus trabajadores que no es posible implementarlas.
Siempre podrán acabar el mandato diciendo que sí han cumplido parte de esta promesa electoral, internalizando a los siete trabajadores que estaban contratados de forma ilegal como falsos autónomos y obligados por la Conselleria de Trabajo. Aunque solo estos siete les hayan costado más de 400 mil euros.
