La asistencia sanitaria a los Funcionarios Civiles del Estado se presta a través de una mutualidad propia, dentro de un Régimen Especial de la Seguridad Social. La actividad se concierta con empresas de seguro de enfermedad. Se financia por medio de las cotizaciones de los mutualistas complementadas con una aportación del Estado. Da cobertura a casi dos millones de españoles desde hace más de 30 años. Es un modelo de éxito que opera con satisfacción, a un coste inferior al general y que de forma sistemática se ajusta, sin desvíos, a las partidas presupuestadas. Permite, además, la libre elección efectiva de centro y profesional sanitario. En los últimos años, la apuesta de los distintos gobiernos por el modelo MUFACE/ISFAS/MUGEJU, ha sido más bien débil. Las aportaciones del Estado no se actualizan al mismo ritmo que las del régimen general. Los convenios son cortoplacistas, la normativa y requisitos de calidad son muy rigurosos y ambiciosos en su espíritu y en su redacción, pero demasiado flexibles en su aplicación. No se facilita la incorporación de nuevos beneficiarios y se resiente la fidelización de las compañías. En el año que acaba de empezar se ha producido la espantada de Sanitas. La apuesta de Asisa por generalizar los sistemas de “forfait” está reduciendo hasta límites poco deseables la capacidad de elección y precariza en demasía a sus profesionales. Incluso, puede llegar a comprometer la garantía de calidad que ha caracterizado al sector. Por otro lado, se ha creado cierto grado de incertidumbre, sobre la aplicación en su ámbito, de las medidas de sostenibilidad del sector sanitario público (fármacos de uso hospitalario y transporte sanitario). Muface genera estados de opinión encontrados. Sin embargo, es un modelo asistencial, que hasta la fecha, ha generado un alto nivel de confianza y el coste de la asistencia, en bruto, es un 40% inferior al cápita de la asistencia general. Además, contribuye a la vertebración del sistema privado en todo el país y genera una actividad económica complementaria. Después de treinta años de correcto funcionamiento se puede considerar un sistema totalmente consolidado, con costes y resultados totalmente previsibles. Por otro lado, el mutualismo administrativo está muy extendido en la UE. El nuevo convenio facilita la libre circulación de ciudadanos y homogeneiza la asistencia. Desde el momento en el que la sostenibilidad es la pieza angular de nuestro sistema de salud, tienen que protegerse todas las iniciativas eficientes, que potencian la actividad económica, que generan ingresos complementarios a las arcas públicas, que aumentan los puestos de trabajo y abren nuevas áreas de negocio. El mutualismo administrativo ha mostrado una gran capacidad de adecuación a los tiempos de crisis. Al ámbito político le incumbe hacer posible lo necesario.
