Alcanza un acuerdo con la Fiscalía

Munar pagará una multa de 68.500 euros para evitar una condena de prisión por el caso Son Oms

munar en juzgado

La defensa de la ex presidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha alcanzado este miércoles un acuerdo con la Fiscalía en el Caso Son Oms y pagará multas que suman 68.500 euros, pero no será condenada a penas de prisión.

Así ha quedado ratificado en la vista previa celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares. En virtud de este pacto, Munar admite ser culpable de los delitos de prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para la ex dirigente de UM seis años de cárcel por presuntamente cobrar más de 400.000 euros en comisiones en comisiones por la recalificación del polígono palmesano de Son Oms y favorecer el incremento de la edificabilidad en la zona.

En el acuerdo se ha retirado la acusación por tráfico de influencias al considerar que los hechos ya estaban recogidos en el delito de prevaricación. Además, para la pena por el delito de blanqueo se ha tenido en cuenta el valor que tenían los terrenos en 1998. Asimismo, se ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas.

NUEVA DECLARACIÓN

Por otro lado, la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, deberá volver a la Audiencia para una segunda vista previa el 11 de diciembre tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes en la vista que se ha celebrado este miércoles. Munar ha llegado a la Audiencia Provincial de Baleares conducida en un coche policial desde la cárcel de Palma, donde cumple condena por otros casos de corrupción.

La defensa de la ex presidenta había estado trabajando estos últimos días para lograr un acuerdo pero finalmente no ha sido posible. Cabe recordar que en esta causa también están acusadas otras cinco personas, entre ellas Bartomeu Vicens, el ex vicepresidente, Miquel Nadal y el ex conseller de Presidencia, Miquel Ángel Flaquer.

Por este caso, la ex dirigente de UM afronta una petición de siete años de cárcel por presuntamente beneficiar a Studio Media Comunicación, una empresa vinculada a miembros del partido, con unos tres millones de fondos públicos.

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