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Negocios sin derecho a desescalada

martes 09 de junio de 2020, 00:00h

El avance por las diferentes fases de la desescalada no sólo está siendo asimétrico por provincias -atendiendo a los parámetros sanitarios de cada una- sino que resulta muy desigual según las actividades, el tamaño y los apoyos que reciben cada uno de los sectores en general, o las empresas y los autónomos, en particular.

Tanto el condicionante que delimita los aforos como las prevenciones diversas establecidas están resultando letales para muchas pequeñas y medianas empresas, que no pueden abrir pese a encontrarse en fases que, sobre el papel, sí lo permiten. Este lunes, la organización de autónomos ATA -uno de los colectivos más perjudicados en la actual crisis- hacía públicos unos datos según los cuales, unos 90.000 comercios y 85.000 bares y restaurantes regentados por autónomos no abrirán sus puertas todavía pese al avance del plan de desescalada. En el caso de los comercios significa un 12 por ciento del total, mientras que los restaurantes y bares que se quedan sin abrir ascienden al 28 por ciento.

La frustración de permanecer cerrados solo se justifica por la necesidad de no empeorar una situación económica que ya implica fuertes pérdidas. Abrir para perder más dinero no tiene sentido. De hecho, las facturaciones en los cinco primeros meses del año han caído en torno a un 60 por ciento sólo en el caso de los autónomos, un sector para el que se ha habilitado la prestación por cese de actividad extraordinario -en los casos de aquellos que siguen sujetos a restricciones- pero que debe aspirar a recuperar sus negocios más pronto que tarde, por su propio beneficio y por el bien del tejido productivo y los empleos que genera.

La situación aconseja máxima atención institucional a este conjunto de pequeñas empresas y autónomos para evitar su desaparición o una supervivencia agónica. Sigue habiendo, por ejemplo, mucha incertidumbre en torno a la prolongación de los ERTEs; de la misma manera que hay serias dudas del apoyo decidido de muchas instituciones -Palma es un ejemplo-, más volcadas en prohibir que en aprobar medidas que incentiven la actividad de muchos pequeños comercios o bares, asfixiados por la situación y con la sensación de estar siempre de rodillas reclamando ayudas que no llegan. Para ellos la desescalada es una enorme pared vertical desde cuya cima observa indolente la administración sin mover un dedo.


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