Sindicatos y patronales del sector de la hostelería de Baleares han acordado retrasar a junio las subidas pendientes del convenio colectivo, en línea con el acuerdo alcanzado a final de marzo. La decisión supone un respiro de dos meses para las empresas que tendrán que hacer frente a los incrementos salariales, pero no elimina la incertidumbre que se cierne sobre el sector de la hotelería, la restauración o el ocio nocturno, que son los principales afectados -junto al comercio- de la actual crisis.
La Comisión Negociadora del XV Convenio Colectivo Sectorial de Hostelería de las Islas Baleares ha tenido en cuenta que la temporada turística no podrá llevarse a cabo con normalidad, debido a las restricciones a la movilidad y el lento avance del proceso de vacunación. En todo caso, los sindicatos no han renunciado a la subida, como planteaban las patronales, y el incremento salarial se producirá en la fecha prevista, si es que no hay un nuevo cambio de guión.
La lógica lleva a pensar que el momento que sufre el sector no es para subir sueldos, por mucho que así se haya previsto en negociaciones realizadas antes de la crisis. Los sindicatos se amparan en que ya el año pasado -con los negocios a medio gas o directamente cerrados- se concedió la misma moratoria que ahora se ha negado. El escenario para empresas y sindicatos, sin embargo, no es comparable. Los trabajadores han tenido un alto nivel de protección, con los ERTEs como elemento principal que seguirá en marcha mientras dure la crisis, según el propio Gobierno. Las empresas, en cambio, han tenido un paraguas muy pequeño para hacer frente a la falta de actividad: aplazamientos -que no exenciones- en pagos, y unas ayudas con cuentagotas que no cubren las ingentes pérdidas acumuladas. En líneas generales, su situación es peor que la del año pasado, cuando ya hubo una moratoria.
En este contexto, el Govern balear debería actuar de forma menos equidistante, conocedor de esta realidad que afecta de forma desigual a los trabajadores y a las empresas. Aunque sea por puro pragmatismo, ya que el riesgo de que el tejido empresarial en el sector de la hostelería se vea dramáticamente mermado en los próximos meses es un riesgo cada vez más cierto. La Administración debe entender que proteger a las empresas es el paso previo y necesario para proteger a los trabajadores.
Por ello, sólo tiene sentido que las subidas salariales se produzcan únicamente en un escenario de reactivación de la actividad. Las empresas del sector ya han demostrado, en periodos de bonanza, que el reparto de ingresos también llega a los trabajadores, como ocurrió con la subida del 18 por ciento acordada los años anteriores a la actual crisis. Esta debe ser la línea de actuación, sin marcar fechas por unas exigencias sindicales que no atienden a la realidad de una crisis que toca de lleno al eje de la economía local.
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