Meterle mano a la gigantesca oferta ilegal de alquiler de pisos y apartamentos en viviendas plurifamiliares debe ser una auténtica prioridad para el Govern, y no sólo un sumario de buenas intenciones y de frases de argumentario elaboradas en un despacho.
La parte "legal" de esta oferta, Aptur, ha vuelto a reclamar a las autoridades una regulación seria de este subsector económico que ya cuenta con 45.000 viviendas en su oferta. 45.000 viviendas que no son visitadas por ningún inspector, que ofrecen servicios insuficientes o simplemente inexistentes, y que escapan de la voracidad que Hacienda muestra para otros asuntos.
¿Dónde están los inspectores de Hacienda? ¿Dónde está el Govern? ¿No atacar este negocio ilegal convierte en cómplice a quien lo permite? Son preguntas que la sociedad debe hacerse a pesar de que muchos de nosotros o de los que nos rodean tienen un pisito cerca de la playa que alquilan a precio de oro durante 4 ó 5 meses al año. Ingresos limpios de polvo y paja. Ingresos que sirven para pagar la hipoteca, para mejorar la jubilación o para darse un viaje inolvidable con la mujer/el marido.
Turisme no sabe por dónde meter la tijera y ya empieza a desviar misiones al respecto. Que si los consells, que si los ayuntamientos....
Lo cierto es que este asunto, que engorda cada día, ya supone el 11,4% del PIB balear. El grueso de las viviendas vacacionales no están pagando ecotasa ni ningún otro tipo de impuesto. Y todo, con el Govern acumulando un vergonzoso retraso en la asunción de medidas. Medidas que podremos comprobar que no verán la luz antes de 2017. Otro año perdido.
