Siguiendo la estela dejada por Pedro Sánchez sobre la ocultación de la composición de su 'comité de expertos' que debían dar consejo al gobierno sobre el modo de actuar frente a la pandemia del Covid, la 'omertá', la "Ley del Silencio", se extiende como un tupido velo sobre los miembros de la comisión de técnicos que hace tres años tuvo que valorar las siete ofertas que se presentaron para optar a la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) de la Marina Botafoc de Ibiza, una vez se agotó la concesión anterior. "Hay que saber si esa información es pública y, después, conocer los nombres". De esta manera contestó un portavoz de la APB cuando este digital le requirió para que informara de la identidad de los integrantes de la citada comisión.
Como ya se ha venido publicando de manera reiterada, el Tribunal Superior de Justicia validó el recurso contencioso que presentó el candidato que quedó en segunda posición en la clasificación elaborada por la citada comisión con todos los concurrentes. Los jueces entendieron que la valoración que los técnicos hicieron de la oferta de Puerto Deportivo Botafoc S.L. (Ocibar), considerándola la opción más ventajosa, era errónea y sentenciaron que la APB debía compensar a Servicios Portuarios Botafoc (SPB) con la diferencia entre la previsión de gastos y de ingresos que recogió en la memoria económica adjunta a su oferta para optar a la codiciada marina del Puerto de Ibiza.
A pesar de la preservación de identidad sobre la composición de la controvertida comisión técnica, este digital ha sabido extraoficialmente que acudieron a la convocatoria del presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, y de su entonces director, Juan Carlos Plaza, los técnicos del Departamento de Explotación Portuaria y del Área de Gestión, entre otros. Uno de ellos era un 'hombre' de Ángel Matías, al igual que el actual director, Jorge Nasarre. Matías es un histórico dirigente de la Autoridad Portuaria, aue fue condenado por el 'caso Marblau'. Tras su detención por el actual 'caso Puertos', el técnico de Explotación Portuaria mantuvo una larga conversación telefónica con Matías. Durante la misma, éste le daba indicaciones a aquel sobre cómo actuar ante el juez y el fiscal del caso.
Joan Gual de Torrella ha venido manteniendo que cuando la propuesta de la comisión fue firme y enviada a su secretaria, ésta la incluyó en el orden del día más inmediato y entregó 48 horas antes de celebrarse la reunión a todos los consejeros la documentación suficiente para adoptar una decisión. A propuesta de Gual de Torrella, el Consejo votó por unanimidad a favor de la elección que presentaron los técnicos.
Este digital ha podido saber que el técnico que con más ahínco avaló la oferta de Ocibar fue precisamente el jefe de Explotación Portuaria; el mismo que defendió la propuesta de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen) para una concesión en el puerto de Mahón.
Servicios Portuarios Botafoc demandó a la APB, a Ocibar y a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PLS) S.L., cuyo administrador único es la sociedad Acciones de Comunicación y Estratégia (ACE) S.L., con domicilio en Madrid. PLS dispone de un muy considerable capital social de 500.000 euros. Al frente de ella está Carlos Alomar Ferrer, y de apoderado: Carlos Illa Martínez. Éste, es socio director de ACE y tiene a su familiar Margarita Illa Castro de administradora única. Carlos Illa es, a su vez, administrador general de Marina Port Formentera (La Savina), y a principios de este siglo era el director de patrocinios y cuentas publicitarias de Telefónica España; un cargo desde el que disponía de cientos de millones de euros para distribuir en publicidad. De hecho, aportó un millón de euros al patrocinio de la regata Volvo Ocean Race.
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