El tráfico de cruceros en Palma vuelve a navegar en aguas turbulentas. El nuevo memorándum firmado a finales de febrero entre el Govern, el Ayuntamiento de Palma y las principales navieras del sector ha reabierto un debate que en Baleares nunca ha terminado de cerrarse. El papel que deben jugar estos gigantes del mar en un destino turístico que desde hace años discute sus propios límites sigue siendo una de las principales preocupaciones para partidos políticos, empresarios y plataformas ciudadanas.
El acuerdo en materia de cruceros, que tendrá vigencia entre 2027 y 2031, introduce una reducción moderada del número máximo de pasajeros diarios en temporada alta. El promedio semanal pasará de 8.500 a 7.500 pasajeros entre junio y septiembre durante los años 2027, 2028 y 2029. Sin embargo, mantiene sin cambios el límite de escalas: un máximo de tres cruceros al día en el puerto de Palma, de los cuales solo uno puede superar las 5.000 plazas.
Lejos de cerrar la discusión, el anuncio ha vuelto a activar las posiciones enfrentadas que desde hace años rodean al sector. Para el Govern, el acuerdo representa “un paso hacia un modelo turístico más equilibrado”. Para parte del tejido económico supone “introducir nuevas restricciones en una actividad que sigue creciendo”. Y para las plataformas ciudadanas críticas con los cruceros, la medida se queda “muy lejos de cambiar el modelo”.
Desde el Ejecutivo autonómico, la presidenta Margalida Prohens ha defendido que el memorándum busca “avanzar hacia un modelo turístico equilibrado”, con el objetivo de suavizar los picos de actividad de la temporada alta y redistribuir parte del tráfico hacia los meses de menor afluencia.
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE GOBERNANZA
La idea de fondo es evitar imágenes que ya forman parte del paisaje turístico de Palma en determinados días de verano: varios buques de gran tamaño atracados simultáneamente en el puerto mientras miles de pasajeros desembarcan a primera hora de la mañana rumbo al casco histórico.
El nuevo documento incorpora además algunas herramientas de gestión que hasta ahora no existían. Entre ellas, la creación de una comisión de gobernanza en la que participarán las administraciones y el sector para evaluar periódicamente la evolución del tráfico de cruceros. También se prevé impulsar un estudio independiente sobre los movimientos de los cruceristas para analizar cómo se distribuyen por la isla.
La implicación directa del Ayuntamiento en el acuerdo es uno de los elementos que el consistorio considera más relevantes. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado que la firma del memorándum “permite al consistorio participar directamente en la gestión de los flujos turísticos”, especialmente en zonas sensibles como el centro histórico de la ciudad.
PRIORIDAD DE ATRAQUE PARA BUQUES CON TECNOLOGÍAS MÁS LIMPIAS
En ese equilibrio entre actividad económica, gestión urbana y presión turística, la Autoridad Portuaria de Baleares juega un papel clave. Es la institución que gestiona las escalas y la operativa diaria del puerto de Palma, y desde su dirección han respaldado el nuevo acuerdo.
Su presidente, Javier Sanz, ha explicado que la planificación portuaria se adaptará a los criterios establecidos en el memorándum firmado entre el Govern y la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA), con el objetivo de mantener una actividad “ordenada, previsible y respetuosa con el entorno”.
El acuerdo incorpora también compromisos vinculados a la sostenibilidad ambiental. Entre ellos figura la prioridad de atraque para buques con tecnologías más limpias, como los propulsados por gas natural licuado, metanol o hidrógeno, así como aquellos preparados para conectarse a la red eléctrica en puerto.
2,5 MILLONES DE PASAJEROS Y 791 ESCALAS DE CRUCEROS
Las navieras se comprometen además a no abastecerse de agua dulce en el puerto en caso de emergencia por sequía, a seguir reduciendo la generación de residuos y a respetar las rutas de navegación establecidas para proteger las praderas de posidonia.
Según datos de la propia industria, cerca del 30 por ciento de los cruceristas que llegan actualmente a Palma lo hacen ya a bordo de buques propulsados por gas natural licuado.
En cuanto a volumen de pasajeros, Puertos del Estado, asegura que los puertos de Baleares cerraron 2025 con 2,5 millones de pasajeros y 791 escalas de cruceros, lo que supone un aumento del 2,9 por ciento respecto al año anterior.
Desde CLIA aseguran que el sector “ha cumplido los acuerdos alcanzados en los últimos años” y consideran que el nuevo memorándum “consolida un modelo de colaboración público-privada” que permite compatibilizar la actividad económica con la sostenibilidad del destino.
PIMECO “PREOCUPADA” POR LA REDUCCIÓN
Sin embargo, no todos los actores económicos ven el acuerdo con los mismos ojos. La patronal del pequeño comercio PIMECO ha expresado su preocupación por la reducción del número de pasajeros en temporada alta. A su juicio, introducir más límites en la operativa del puerto “podría hacer que algunas navieras reconsideren la presencia de Palma en sus itinerarios”.
Las rutas de cruceros se diseñan con varios años de antelación y, según advierte la patronal, las compañías tienden a priorizar “los puertos con mayor flexibilidad operativa”. Si en una semana concreta ya se ha alcanzado el límite fijado, sostienen, “las navieras podrían optar por desviar la escala hacia otros destinos del Mediterráneo”.
En el extremo opuesto del debate, la Plataforma contra los Megacrueros considera que el acuerdo “apenas modifica la situación actual”. La entidad sostiene que la reducción anunciada de mil pasajeros diarios es en gran medida “simbólica”, ya que el límite anterior rara vez se alcanzaba.
Su portavoz, Jaume Garau, asegura que el nuevo memorándum mantiene “los mismos volúmenes de llegada y los mismos impactos ambientales”, y denuncia que Palma continúa apostando por un modelo turístico que, a su juicio, “genera saturación urbana y presión sobre el medio ambiente”.
