La realidad es aplastante. Baleares ha pasado de ser un territorio de llegadas residuales de pateras a un punto fijo para la inmigración ilegal desde Argelia. Buena muestra de ello es el alúd de embarcaciones ilegales llegadas este pasado fin de semana y que, como nota destacable, ha acabado con uno de los patrones de dichas lanchas en prisión provisional. La Policía Nacional arrestaba este lunes a un argelino de 20 años por trasladar y desembarcar a doce compatriotas en Portals Vells, previo pago de 1.200 euros por persona, y para el que el juez ha dictado prisión provisional.
Sin duda, la diligencia y buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sirve no sólo para quitar de la circulación a un delincuente que no duda en traficar con la vida de personas sino también para lanzar el mensaje a las mafias argelinas de que en Baleares se persigue y se detiene a aquellos que hacen de esta actividad ilícita un negocio. No es el primer patrón detenido por ello y, con toda seguridad, no será el último.
Sin embargo, frente a la eficiencia policial nos encontramos con la incapacidad manifiesta de los políticos, tanto del ámbito autonómico como estatal, para reconocer el problema y abordarlo de una vez por todas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha llegado a aseverar esta semana que Baleares cuenta con "las infraestructuras precisas y necesarias" para afrontar el fenómeno cuando los sindicatos policiales llevan más de un año clamando, precisamente, por la falta de espacios y agentes para gestionar esta nueva realidad.
Es más, los propios ciudadanos de las islas han podido ver con sus propios ojos -a través de los medios de comunicación- cómo la rampa del garaje de la Jefatura de Policía de Palma se llenaba este verano de inmigrantes que aguardaban durante horas o días para ser trasladados a un lugar adecuado en el que hacer cuarentena por Covid. No parece la infraestructura más "precisa y necesaria", como dice el ministro, para mantener a estas personas y mucho menos, cuando las oleadas de pateras son cada vez más frecuentes y numerosas.
Y mientras Delegación de Gobierno y otras administraciones continúan cerrando la localización del centro de atención temporal a extranjeros -todo apunta a que será el antiguo cuartel de Son Tous-, el PP eleva la voz y pide directamente que Baleares sea considerada primera línea de frontera de la Unión Europea, lo que supondría la llegada de los recursos correspondientes para asumir las llegadas de esta ruta consolidada. Es hora de aceptar la aplastante realidad.
