La tragedia en el Medusa Beach de Playa de Palma cumple un año con un único imputado

El 23 de mayo de 2024, a las 20:20 horas, la azotea del Medusa Beach Club, un local de ocio y restauración en primera línea de la Playa de Palma, se desplomó, provocando la muerte de cuatro personas y heridas a otras 16. La estructura cedió hasta el primer piso hasta y luego hasta el sótano, arrastrando consigo a clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Las víctimas

Los fallecidos fueron una camarera, un senegalés y dos turistas alemanas: Maryama Syll, una camarera de 23 años, nacida en Navarra y de origen senegalés, que residía en Mallorca desde su infancia. Abdoulaye D., de 44 años, también de origen senegalés, conocido por su labor como portero en locales de la zona y por haber salvado a un bañista en 2017.

Las dos turistas fueron Jessica T., una turista alemana de 30 años, madre de dos hijos, que se encontraba de vacaciones con su esposo, casualmente bombero de profesión; y una joven turista alemana de 20 años, cuya identidad no trascendió.

Otros 16 ciudadanos de diversas nacionalidades resultaron heridos, entre ellos holandeses, alemanes y españoles, algunos de los cuales sufrieron lesiones graves.

Causas del derrumbe

Las investigación llevada a cabo por la Policía Judicial y Bomberos de Palma señalaron que la azotea que colapsó no contaba con licencia de actividad ni de ocupación. Además, se habían realizado reformas estructurales sin los permisos correspondientes, lo que, sumado al exceso de peso por la presencia de 21 personas en la terraza, provocó la sobrecarga y el colapso de la estructura.

El Ayuntamiento de Palma confirmó que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) realizada en 2023 había resultado desfavorable, y que existían expedientes abiertos desde 2013 relacionados con irregularidades en el inmueble.

Investigación judicial

El propietario del Medusa Beach Club, el empresario austriaco Christian Arnsteiner, fue detenido en junio de 2024, acusado de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis de lesiones graves por imprudencia. Tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad con cargos, con medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte, la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado y la prohibición de salir del país.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, encargado del caso, ha citado a Arnsteiner a declarar en calidad de investigado el próximo 24 de junio de 2025, tras posponer una comparecencia previa programada para marzo.

El Ayuntamiento de Palma se personó como acusación en el procedimiento judicial, y se estima que las indemnizaciones por los daños y perjuicios podrían alcanzar aproximadamente un millón de euros.

Así, las diligencias judiciales de investigación prosiguen con un único investigado mientras familiares, amigos y vecinos de las víctimas reclaman justicia.