Los tres jerifaltes de la Autoridad Portuaria fueron nombrados por Joan Gual de Torrella para que constituyeran la comisión técnica que propuso a Ocibar como la mas ventajosa candidata a optar a la concesión de Marina Botafoc de Ibiza.
El calor comenzaba a ser sofocante en la sala de juntas donde se habían reunido los capitostes de la Autoridad Portuaria. Era una clara y luminosa mañana de aquel ya pretérito 23 de abril de 2019, y las jornadas se iban a alargar más de lo necesario. Sobre la larga y noble mesa de reuniones, los expedientes con las ofertas de siete pretendientes a llevar al altar a la princesa de las concesiones portuarias: el Puerto Deportivo de la Marina de Botafoc, ubicado frente al marco incomparable y único de d'Alt Vila y el paseo marítimo de Ibiza, como un lienzo de Antonio López.
A saber: Puerto Deportivo Botafoc, S.L.; Ocibar, S.A.; Servicios Portuarios Botafoch, S.L.; Puertos y Litorales Sostenibles, S.L.; Puerto Marina Botafoch, S.L.; Desarrollos Concesionales Pitiusos, S.L.; y Pentagenia Inversiones, S.L. Los técnicos abrieron carpetas y ojearon las plicas con el propósito de detectar algún error substancial que obligara a excluir del análisis de valoración a alguna de ellas.
Uno de los capitostes advirtió que en la documentación aportada por Ocibar (la gestora de Port Adriano, propiedad de la muy mallorquina familia Zaforteza, y de la mano de la influyente familia industrial vasca de los Urrutia de Neguri) había un dato que contravenía las bases del concurso y que ilegitimaba a Ocibar para poder ofertar a la muy lucrativa concesión pitiusa.
El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, ordenó a su director de Puerto, Juan Carlos Plaza Plaza, que convocara al Jefe del Departamento de Explotación Portuaria, Armando Parada González; al Jefe de Área de Gestión, José Fernando Berenguer Reula; y a alguien de Ibiza, que bien podía ser el delegado de la APB en La Savina, Ignacio Revilla Alonso.
Estos eran los cuatro miembros de la comisión técnica (como puede apreciarse, al más altísimo nivel) que se arremangaron para en un breve plazo de tiempo elaborar un informe y una propuesta que había de ser puesta a votación y referendada por los 'conmilitones' -la gran mayoría, político que no distinguen babor de estribor- del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Un Consejo dirigido por la Presidencia y domeñado al calor de los novecientos euros de dieta que van a recibir después de firmar en el acta de asistencia.
En los pliegos del concurso se fijó un plazo de explotación de dos años y una tasa mínima a pagar a la APB de la nada insignificante cifra de 2.703.000 euros (IVA excluído) y el 4% del volumen de negocio (moderado porcentaje frente al 30% que al parecer exige la sociedad STP por el subarrendo del espacio que tiene en concesión en el muelle Viejo de Palma, según han denunciado empresarios que intentaron emprender su actividad en ese espacio). Toda la información de las bases y exigencias del concurso se publicaron el 21 de diciembre de 2018, un día antes de que se cantara el Gordo de la Navidad.
Y el Gordo tocó en Port Adriano. La mesa de apertura de ofertas, compuesta por funcionarios de rango inferior, acordó admitir todas las presentadas sin detectar ningún error excluyente; tampoco ellos se iban a mojar mucho en el caso de haberlo advertido en el sobre nº 1, el importante.
Cuando toda la documentación se trasladó a la Comisión Técnica, Plaza, Parada, Berenguer y, con menor participación, prácticamente de testigo, Revilla, los tres gerifaltes de la Autoridad Portuaria se conciliaron para abrir los sobres. Primero, el nº 2 (documentación administrativa), todo correcto. Después, los sobres con el nº 1 (con las memorias económico-financieras, la estructura tarifaria que proponían cada cual, tasas...). Los sobres con el meollo de la cuestión. Todo correcto, o no. Entonces se procedió a leer de viva voz lo exigido en el pliego de bases. Una vez concluida la lectura, y después de apurar los cafés, la mesa acordó admitir todas las ofertas presentadas. ¿Todas? Sí, todas, a pesar de lo que se supo con posterioridad y este digital ha venido publicando.
La entidad que presentó la más suculenta mejora, la cantidad a sumar a la tasa establecida por la APB, la más beneficiosa para las arcas públicas, fue la incluída en el sobre de Puerto Deportivo Botafoch, S.L. con 4.027.000 euros. En segundo lugar, Servicios Porturios Botafoc, S.L. con 3.777.000 euros. A continuación, Desarrollos Concesionales Pitiusos, S.L. con 3.645.000 euros. Y en cuatro lugar, abriendo el furgón de cola: Ocibar, S.A. con 3.596.000 euros. Por tanto, Puerto Deportivo Botafoc obtuvo un 10, la máxima puntuación, y Ocibar, un 8,9, en cuatro lugar.
El Consejo de Administración en sesión celebrada el 28 de junio de 2019, antes de coger la toalla para ir a la playa, eligió como mejor oferta la que había propuesto el comité técnico: sin ni siquiera debatirlo ni estudiarlo. El 9 de agosto, en plena canícula, con el sudor corriéndole por la frente ante la decisión que iba a tomar, Joan Gual de Torrella acuerda otorgar la 'joya de la corona' a Ocibar, a los Zaforteza, en perjuício de la mejor oferta objetivamente hablando, tal y como demostró el Tribunal Superior con posterioridad. Y el 6 de septiembre, justo un mes después, y tras reflexionarlo mucho entre cubierta de proa y cubierta de popa, Joan Gual resolvió definitivamente, y le dió las llaves de Marina Botafoc, metafóricamente hablando, a Isabel Teruel, la CEO de Ocibar.
Pero lo más increible de todo, aquello de lo que nadie es capaz de comprender, a no ser que seas Plaza, Parada, Berenguer o el propio Gual de Torrella, es que sin haber obtenido la máxima puntuación en ninguna de las cuatro valoraciones que debían hacer los técnicos, en el cómputo total, en la valoración definitiva, Ocibar, por arte de birlibirloque, es 'obsequiada' con la nota más alta: 160,87 puntos. Increible. Lo nunca visto.
El 25 de junio de 2019, tres días antes de la reunión del Consejo, y con tiempo suficiente para que la secretaria de Gual de Torrella hiciera copias de toda la documentación necesaria para la toma de una decisión, Plaza, Parada, Berenguer y Revilla firman su informe en el que dicen textualmente: "A la vista de lo anterior (las ofertas), la oferta correspondiente al licitador Ocibar, S.A. podría ser considerada la solución más ventajosa, salvo mejor criterio (¿el de Gual de Torrella?), conforme a la valoración realizada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases del concurso".
Es decir: los técnicos se lavan las manos y dejan la resolución del caso en el presidente de la Autoridad Portuaria previo paso rutinario por los consejeros políticos.
Servicios Portuarios Botafoch, la oferta que resultó segundona, recurrió la decisión. El Tribunal Superior dió poder a sus argumentos y sentenció que los técnicos habían corregido los errores detectados en la documentación de Ocibar y, a pesar de ello, la propusieron. Esa corrección no entraba en sus cometidos, y tenían que haber excluído del concurso a la oferta de la familia Zaforteza & Cia. Ahora, las preguntas que se hacen los investigadores judiciales y los letrados personados en la macro causa contra la cúpula de la APB, en la era Gual, son: ¿Informó algún técnico a la CEO Isabel Teruel de los errores avistados? ¿Teruel les rogó que hicieran lo que no podían hacer para mantenerse en el concurso? ¿Alguien prometió algo a alguien? Lo cierto es que Plaza, Parada o Berenguer corrigieron el error y Ocibar ganó sin contar con las mejores valoraciones.
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