El partido morado ya registró una proposición similar en mayo del año pasado, pero el adelanto electoral del 23J hizo que decayera al concluir la legislatura y la disolución de las Cortes Generales. Por tanto, ahora la retoma para llevarla al Congreso en el presente mandato y demanda que el Gobierno brinde su apoyo en vez de "ponerse de perfil y quedarse de brazos cruzados".
Pablo Hernández, secretario de organización y portavoz del partido, ha especificado que la ley "vincule su violenta actividad con los delitos de odio y coacciones". Se tratará de una proposición de ley que impulsará la modificación de los artículos 510, 510 BIS y 515 del Código Penal "para que dichas actividades sean consideradas delito de odio y para que estas empresas sean consideradas asociaciones ilícitas".
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