“La decisión de la Administración nos ha obligado a reducir el número de trabajadores contratados en temporada de 35 a 11 y en julio hemos visto caer nuestra facturación en un 75 por ciento con respecto al pasado año”, así resume Jaime Perelló, propietario del Restaurante Can Gavella, los devastadores efectos que la decisión de Demarcación de Costas ha tenido sobre su negocio.
En su caso, esta decisión le ha obligado a retirar 25 mesas y un centenar de sillas y acaba de un plumazo con gran parte de un negocio familiar que lleva ya la friolera de 67 años -y tres generaciones- a sus espaldas.
Donde antes se ubicaban todas esas mesas y sillas desaparecidas queda ahora un gran espacio de arena que ocupan, a veces, unos pocos turistas que tras pedir en la barra se animan a sentarse en la arena y apurar su consumición.
Situación que ha obligado a Perelló a tomar una decisión que considera 'un paso atrás' y que no es otra que la de retomar el servicio de 'take away': “Lo habíamos suprimido pero nos hemos visto obligados a volver a ponerlo en marcha con el incremento en la utilización de envases que ello conlleva”.
Porque el tema medioambiental es otro factor a tener en cuenta: “Nosotros damos un servicio y cuando el cliente se marcha somos nosotros los que limpiamos la zona. Ahora, al tener toda una parte del negocio cerrado son muchos los turistas que compran la comida y la bebida en el supermercado y lo consumen en la playa, con lo que la suciedad en la misma se ha incrementado”.
Según ha explicado Perelló a mallorcadiario.com, “cada cuatro años hay que solicitar una autorización a Costas para utilizar una parte de la playa y ya en 2021 nos lo denegaron aunque logramos capear la negativa al presentar alegaciones y al final pudimos hacer la temporada. Pero este año no lo hemos logrado”.
Una situación que se complica aún más por la falta de claridad de la Administración “que cambia de argumentos dependiendo del color político. Los motivos para no dejarnos seguir como hasta ahora varían constantemente”, concluye Perelló.
LOS AFECTADOS SE HAN ASOCIADO PARA DEFENDER SUS INTERESES
El caso de Can Gavella, como el de los restaurantes Olimpia y Ponderosa (ambos en Platja de Muro) se repite a lo largo y ancho de Mallorca y las Baleares. Para reivindicar sus derechos y defender sus intereses, este pasado sábado se presentó oficialmente la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (Adopuma).
Onofre Fornés, presidente provisional de Adopuma, ha explicado a este digital que la asociación nace al comprobar la actitud de la Administración con los afectados: “Costas se comprometió a que alguien vendría aquí pero por aquí no ha aparecido nadie y ahora toda comunicación con ellos es vía telemática. Medi Ambient nos dice que 'no' a todo y no logramos un reunión presencial con ellos porque siempre 'están muy ocupados' así que no nos ha quedado más remedio que asociarnos para defender nuestros intereses”.
Pero la cosa va lenta o, al menos, no con la fluidez que esperaban los promotores de la asociación: “Hace 3 meses que se presentó la documentación en Presidencia para registrar la Asociación. El 22 de junio preguntamos como estaba la cosa y nos dijeron que en 15 o 20 días se sabría algo pero aquí estamos y la cosa no se mueve”.
Ello implica que aún no haya asociados pues es paso previo necesario para ello el estar legalmente constituidos “pero ya hay entre 20 y 30 afectados que han mostrado su interés”, asegura Fornés quien añade: “Y ya hay gente en Menorca, Ibiza y Formentera que nos está llamando”.
El actual presidente de la Asociación asegura que es necesario alcanzar un acuerdo y poner orden en todo lo que está ocurriendo: “El tema de las concesiones se arregla aquí ¡en junio!, cuando debería estar todo atado y bien atado en abril. Por ejemplo, el tema de las hamacas. En Cataluña la concesión se arregla con un año de antelación. Aquí se obtuvo la semana pasada y en Son Servera aún ni la tienen”, concluye
Una incertidumbre que también preocupa.
Así, Alfonso Robledo, presidente de Caeb Resturación, ha mostrado su apoyo a la recién creada asociación y asegura que hay “un descontrol que no se puede aceptar. Es necesario sentarse para saber que va a pasar el próximo año porque ahora mismo no se sabe”.
“Es inaceptable que negocios con 50 o 60 años de historia se tengan que cerrar”, continúa Robledo quien añade: “La solución pasa porque nos dejen trabajar. Cerrar terrazas favorece la venta ambulante y la venta ilegal de alcohol. Hay más suciedad porque quienes gestionan terrazas se preocupan de limpiar para cuidar al turista y al cerrarlas se genera más suciedad en las playas”.
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