Este martes comenzará la fase de comparecencias de la Comisión de investigación no permanente constituida el pasado 8 de diciembre a petición del Grupo Popular en aras a esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas por el PP en torno al contrato de alquiler del edificio del polígono de Son Rossinyol. El 27 de mayo de 2010 el este partido registró en la Cámara balear una moción en la que reclamaba la creación de una Comisión para investigar el proceso de adquisición por parte del Govern de un edificio en el polígono de Son Rossinyol, y exigía a la Sindicatura de Cuentas fiscalizara de manera urgente el contrato para comprar dicho local. Un mes después el pleno del Parlament -con el apoyo de todos los grupos menos de UM- aprobó la creación de dicha comisión, que debe investigar el contrato de alquiler con opción a compra suscrito entre la empresa pública CAIB Patrimoni y la empresa Inversiones Can Font, para la obtención de un edificio en el que ubicar parte de las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente y la Escuela Balear de Función Pública. La iniciativa para la puesta en marcha de esta comisión ha sido en todo momento del diputado popular José María Rodríguez, quien desde el principio habló de la existencia de "irregularidades" en el procedimiento de arrendamiento, y el pasado mes de diciembre denunció que la Sindicatura de Cuentas puso de manifiesto en su informe que se incumplieron "todos los principios que debe cumplir un proceso de contratación, de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público". Así, a partir de mañana dará comienzo la fase de comparecencias de la comisión, a partir de las 10.00 horas, con la comparecencia de la ex consellera de Educación Bàrbara Galmés, y se prolongará por la tarde, hasta las 20.30 horas. Las comparecencias tendrán lugar también el miércoles y jueves.
