El descuento de residente para viajar entre Baleares y la Península vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Más allá de los recientes problemas detectados en la validación informática de la bonificación del 75 por ciento, cada vez son más las voces que cuestionan la eficacia de un sistema que nació para compensar la insularidad pero que, según denuncian entidades ciudadanas y formaciones políticas, no está evitando el encarecimiento de los billetes.
La última ofensiva la ha protagonizado Més per Menorca. Su portavoz, Josep Castells, ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament para denunciar lo que define como una "vulneración creciente del derecho a la movilidad" de los residentes de las Islas, especialmente de los menorquines. “El descuento de residente no funciona porque el Estado dedica más de 1.000 millones de euros al año entre Canarias y Baleares, y pese a ello, esta cantidad de dinero no sirve para que los residentes cuando viajamos paguemos menos. Sirve para subvencionar, diría que de forma obscena, a las compañías aéreas y marítimas”, explicó el diputado menorquín en el Parlament.
La iniciativa denuncia el incremento de las tarifas de los vuelos interinsulares, las prácticas que considera abusivas por parte de determinadas aerolíneas y la gestión de unas infraestructuras aeroportuarias que, a juicio de la formación ecosoberanista, priorizan el crecimiento turístico frente a las necesidades de los residentes.
"El derecho a la movilidad no puede ser un privilegio ni puede estar supeditado a los intereses comerciales de las aerolíneas. Es una cuestión de justicia territorial", sostiene Castells, quien considera que los ciudadanos de Menorca continúan sufriendo los efectos de una doble insularidad insuficientemente compensada.
OPOSICIÓN AL INCREMENTO DE TARIFAS
Més per Menorca reclama la retirada inmediata del incremento de las tarifas de referencia aplicado por el Ministerio de Transportes y exige al Govern balear una posición más activa en defensa de los usuarios. La formación también denuncia presuntas irregularidades en la aplicación del descuento de residente y en las condiciones de equipaje que imponen algunas compañías.
A tal efecto, Castells expuso en el Parlament varios ejemplos de precios abusivos. Un vuelo Mahón - Barcelona de ida y vuelta, 877 euros. Otro, Ibiza - Valencia, ida y vuelta, 670 euros. Por vía marítima, coche y butaca, trayecto Alcúdia - Ciutadella, sólo ida, 486 euros. "Podemos mirar hacia otro lado, pero el abuso y la estafa que se está perpetrando a costa del residente es brutal", explicó Castells el martes pasado.
"No es tolerable que todavía haya aerolíneas que exijan acreditar la condición de residente al inicio del proceso de compra o que cobren por embarcar una maleta de mano, contraviniendo la jurisprudencia europea", denuncia Castells.
Las críticas coinciden con una creciente preocupación sobre los efectos reales de la bonificación del 75 por ciento. Diversas entidades de consumidores han advertido durante los últimos años de que parte de las ayudas públicas podrían estar siendo absorbidas por las propias compañías mediante incrementos tarifarios, reduciendo así el beneficio efectivo para los pasajeros.
La polémica se produce además después de que el Estado destinara más de 1.600 millones de euros al pago de descuentos para residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Una cifra que evidencia la importancia económica de una medida que nadie cuestiona en su esencia, pero cuya aplicación práctica genera cada vez más dudas.
La propuesta de Més per Menorca va más allá de la cuestión tarifaria. También plantea ampliar la bonificación a determinados gastos asociados al viaje, reforzar la vigilancia sobre las prácticas comerciales de las aerolíneas y avanzar hacia fórmulas de cogestión aeroportuaria que permitan una mayor participación de las instituciones baleares en la toma de decisiones.
EL GOVERN, ABIERTO A MEJORAS
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se mostró dispuesta a “explorar” fórmulas que permitan mejorar el descuento de residente y evitar tarifas abusivas.
“El Govern está dispuesto a incluir esta reivindicación en la agenda balear”, expresó Prohens en la sesión de control del pasado martes en el Parlament. Sin embargo, responsabilizó al Gobierno de España de las anomalías generadas con el actual sistema.
