La iniciativa legislativa ha recibido los votos favorables de MÉS per Mallorca --impulsores de la ley--, el PP, Més per Menorca y los diputados no adscritos (34). El PSIB y Unidas Podemos se ha abstenido (19), mientras que Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra (5).
El texto, que propone añadir una extensa disposición adicional al real decreto ley 13/2010, defiende que la posibilidad de que las Islas "definan y gestionen" tanto las infraestructuras aeroportuarias como la política aérea es "fundamental e indispensable". El objetivo es que los beneficios económicos "deriven en prosperidad, mejoren la calidad de vida de los residentes y preserven el medio ambiente" y que los gobiernos autonómicos puedan regular "su principal puerta de entrada y salida".
DETERMINAR RUTAS Y PLANIFICAR VUELOS
El control sobre la determinación de las rutas aéreas y la planificación del número de vuelos, según recoge la ley en su exposición de motivos, incidirá "de manera clara y directa" sobre los flujos turísticos, condicionando a su vez la operativa del principal sector económico del archipiélago.
Ahora, el papel de las comunidades autónomas se articula a través de los comités de coordinación aeroportuaria, que tienen una finalidad "más informativa que participativa", por lo que es necesaria "una mayor capacidad de participación e influencia". Para ello, la proposición de ley plantea ampliar las funciones de este comité, que todas las decisiones que se adopten en él sean vinculantes y permitir su convocatoria siempre que así lo solicite alguno de sus integrantes, con un mínimo de dos reuniones anuales.
Las instituciones autonómicas tendrían una mayor representación en este órgano que las estatales, lo que les otorgaría una mayor capacidad de condicionar las medidas que eventualmente se aprueben. El comité estaría compuesto por dos representantes del Govern, cuatro de los consells, tres de los ayuntamientos de Palma, Maó y Sant Josep y cinco de sindicatos, patronales y cámaras de comercio, por una parte; y por dos representantes del Gobierno, otros tantos de Aena y uno más de la Delegación del Gobierno en Baleares, por la otra.
El texto aprobado incluye varios artículos dirigidos a que la comunidad autónoma tenga un mayor conocimiento de las acciones y medidas adoptadas por Aena. Otros van dirigidos a regular el funcionamiento y la composición de las comisiones de coordinación de los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca.
Durante su tramitación parlamentaria, a raíz del pacto entre los 'populares', los ecosoberanistas y los menorquinistas, la proposición de ley fue objeto de modificaciones y sufrió la retirada de muchos de sus artículos iniciales. La iniciativa era mucho más ambiciosa en un primer momento, dado que contemplaba la transferencia de la titularidad y las competencias de los aeropuertos de Baleares a la administración autonómica y la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares.
LA ALIANZA ENTRE MÉS Y EL PP
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha justificado la necesidad de elevar esta ley para diferenciar el modelo de gestión de las infraestructuras aeroportuarias de Baleares respecto de las de la Península. "Ahora se nos aplican los mismos criterios, cuando nuestra realidad no es la misma. Es evidente que desde un punto de vista puramente racional se ve que es deseable tener un modelo diferenciado", ha subrayado.
El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, por su parte, ha recordado que el Parlament se ha pronunciado a favor de la cogestión aeroportuaria en una veintena de ocasiones sin que nada haya cambiado a lo largo de las últimas décadas. Al contrario, ha apuntado, durante este periodo se ha registrado un crecimiento del número de pasajeros y de instalaciones, así como un encarecimiento de los precios de los vuelos. Tres hechos, ha subrayado, que han ido de la mano de la privatización de Aena.
"Estamos cansados de ser los últimos de la fila, porque en la estrategia expansionista, extractivista y colonia de Aena no pintamos un pimiento", ha criticado. El ecosoberanista ha sido especialmente crítico con la abstención del PSIB, a quienes ha acusado de "anteponer los intereses de los accionistas de Aena y de Ferraz a los de los habitantes de Baleares".
La diputada 'popular' Margalida Pocoví, por su parte, ha considerado que el archipiélago "no puede permitirse no tener voz en la gestión de los aeropuertos y resignarse a ser simples espectadores de decisiones que afectan a su futuro". Además, ha defendido, la cogestión aeroportuaria va en la línea de las medidas de contención turística impulsadas por el Govern a lo largo de esta legislatura. "¿Tiene sentido adoptar esas medidas y no poder incidir en la gestión de los aeropuertos? No, no lo tiene mientras Aena avanza hacia un crecimiento sin límites. La cogestión no es una opción, es una necesidad", ha sentenciado.
Finalmente, el socialista Marc Pons ha propuesto una alternativa "realista", en los términos del acuerdo de cogestión aeroportuaria del País Vasco y que negocia Cataluña, que supone crear un consejo rector aeroportuario de Baleares que informe de la regulación, los planes directores y fije informes vinculantes en ordenación territorial y turística, y con una composición equilibrada del peso autonómico y estatal, con espacio para patronales y sindicatos.
