El debate sobre el modelo de gestión de los aeropuertos de Baleares ha elevado este lunes el tono político en el Parlament, en la víspera de la previsible aprobación de la proposición de ley de cogestión aeroportuaria. Los grupos del PP y de Més per Mallorca han coincidido en dirigir duras críticas a Aena, a la que acusan de priorizar intereses económicos frente a las necesidades del archipiélago, mientras que el PSIB se ha desmarcado del bloque mayoritario y ha dejado entrever su abstención.
El portavoz de Mé per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha arremetido con especial dureza contra la empresa y su presidente, Maurici Lucena, a quienes ha acusado de “complicar la vida” de los residentes con el objetivo de “maximizar beneficios”. En su intervención, el ecosoberanista ha denunciado un modelo que, a su juicio, responde a una lógica “centralista y privada”, en la que Baleares es tratada “de forma colonial” para generar rendimientos que acaban en manos de los accionistas.
Apesteguia ha ido más allá al cuestionar el papel de la compañía en la toma de decisiones sobre una infraestructura que considera “básica” para la conectividad del archipiélago. “Lucena cree que la democracia no pinta nada y que solo los accionistas pueden decidir”, ha afirmado, defendiendo que la iniciativa legislativa que previsiblemente aprobará la Cámara autonómica supone el inicio de “un camino de ambición colectiva” para recuperar capacidad de decisión.
En la misma línea se ha pronunciado el PP. La portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marga Durán, ha criticado la “lógica expansiva” de Aena, a la que reprocha seguir incrementando el número de pasajeros año tras año mientras el Govern impulsa políticas de contención turística. “No puede ser que se adopten medidas para limitar la presión turística y, al mismo tiempo, Aena continúe ampliando su capacidad sin tener en cuenta la realidad de las islas”, ha señalado.
Durán ha defendido que la proposición de ley, impulsada inicialmente por Més per Mallorca y Més per Menorca y posteriormente trabajada por el PP para dotarla de encaje constitucional, responde precisamente a esa necesidad de equilibrar el modelo. “Ha llegado el momento de que Baleares tenga voz y capacidad de gestión en sus aeropuertos”, ha subrayado, enmarcando la iniciativa dentro de las políticas del Ejecutivo autonómico orientadas a contener la llegada de visitantes.
Frente a este bloque, el PSIB ha marcado distancias. Su portavoz adjunto, Marc Pons, ha reiterado las dudas de su grupo sobre la viabilidad jurídica y económica del texto, al considerar que rompe los equilibrios competenciales entre administraciones y que difícilmente podrá superar el trámite en el Congreso de los Diputados, dado que afecta a competencias estatales.
Pons ha recordado que tanto Més como el PP han tenido que introducir enmiendas a su propia propuesta, lo que, a su juicio, evidencia las carencias del texto. En este contexto, ha planteado como alternativa replicar el modelo acordado entre el Gobierno central y el País Vasco para incrementar la participación autonómica en la gestión aeroportuaria, adaptándolo a la singularidad balear.
“Si PP y Més quieren avanzar en esa dirección, no seremos un obstáculo”, ha señalado, aunque ha cuestionado por qué no se opta directamente por una fórmula que ya cuenta con el aval del Ejecutivo central. La posición socialista deja así en el aire su voto final, si bien todo apunta a una abstención que permitiría sacar adelante la iniciativa con el apoyo de PP, Més per Mallorca y Més per Menorca.
La proposición de ley, una vez aprobada en el Parlament, deberá ser remitida al Congreso para su tramitación, donde se dirimirá su encaje definitivo en el marco competencial estatal. Entretanto, el debate sobre el control y la gestión de los aeropuertos —infraestructura clave para la economía balear— se consolida como uno de los principales frentes políticos de la legislatura.
