El control asistencial del actual brote pandémico ha permitido iniciar el deseado desconfinamiento. En realidad, ha obligado a relajar las severas medidas de reclusión. El aislamiento masivo de la población ha pasado de ser un instrumento inevitable, muy efectivo, para frenar el ataque viral mortal, a convertirse en un problema para la supervivencia de la comunidad.
La pandemia y el confinamiento han paralizado la actividad productiva de forma total y absoluta. Durante estos dos largos meses hemos visto cómo se las gasta un germen acelular y su ilimitada capacidad de contagio. Hemos sufrido el ataque de un virus que entra en nuestro organismo, invade las vías respiratorias altas, destruye las terminales nerviosas olfativas y del gusto, crece, se reproduce en nuestras células y acaba no solo con la vida de los ciudadanos, que también, sino que pone en jaque nuestra cultura y su economía.
Sus efectos ya no están en el ámbito directo de las consecuencias directas de infección individual epidémica; se han trasladado al ámbito comunitario y el de la supervivencia económica.
Entre pensiones, funcionarios, paro y ERTES, el estado tiene la responsabilidad de hacerse cargo del pago de 21.000.000 de ciudadanos que le lleva al borde de la intervención. Un porcentaje significativo de los ciudadanos que no cobran directamente de las menguantes arcas del estado puede no tener medios para afrontar su supervivencia a corto plazo. Las personas sin trabajo, en estos meses, pueden acercarse a los 10 millones. El PIB puede encogerse un 10%. Las cifras son escalofriantes y el frente económico pasa al primer nivel de atención.
Desde el prisma asistencial el foco hospitalario pasa a segundo plano y debe tomar la iniciativa la atención primaria. Es básica la gestión comunitaria de los nuevos contagios y la reactivación del sistema sanitario, hasta ahora dedicado a la gestión del COVID.
Ha llegado el momento de las directrices de salud pública. Es necesario que los servicios de epidemiología salgan de sus áreas de confort, de sus emociones por la vivencia de una epidemia única, de la actualización de sus excel y apuren con precisión los pasos que se tienen que dar. Se deben tomar decisiones acertadas, en el sentido correcto y en el momento apropiado.
Es el momento en el que las volubles comisiones de expertos aporten soluciones consistentes. En la actualidad, no se conocen de forma fehaciente su composición ni sus decisiones. De hecho, no se han podido compartir sus conclusiones sin la intermediación política y con la sospecha de estar contaminadas por los intereses partidistas.
Las medidas que se van tomando para el desconfinamiento, amplia y racionalmente criticadas se van enriqueciendo incluso desde la divergencia. Prefiero mirar el vaso medio lleno. Las aportaciones de la oposición, de las comunidades autónomas, de los distintos sectores permiten visualizar la realidad con más detalle y la toma de decisiones por el mando único más precisas. Compartir información, problemas y potenciales soluciones, sirve para reconducir situaciones, acotar limitaciones y adecuar las normas al interés colectivo. Permiten orientar las decisiones a las necesidades territoriales y de los ciudadanos de forma más adecuada.
La gravedad del contexto actual impone decisiones con precisión quirúrgica. Obliga a actuaciones resolutivas y mínimamente invasivas. Para mantener el control de la epidemia y activar la actividad económica no caben errores. En su caso las rectificaciones deben ser inmediatas y solventes.
El centro de gravedad se traslada a la gestión de la movilidad. La decisión de cuando y como permitir ir flexibilizando los desplazamientos. De hecho, el equilibrio entre los dos objetivos prioritarios, la seguridad sanitaria y la recuperación económica pasa inevitablemente por la gestión comunitaria de la infección y la gestión precisa, prudente y progresiva de la movilidad. Manos a la obra.
