La actualidad judicial sigue proyectando sombras sobre el PSOE con derivadas políticas de calado en Baleares. No hay, por ahora, condenas ni imputaciones de dirigentes socialistas del Archipiélago, pero sí contratos bajo sospecha, auditorías administrativas en curso y menciones explícitas en informes de la Guardia Civil a dirigentes del PSIB-PSOE.
El primer frente es el de los contratos de mascarillas durante la pandemia. El Govern presidido por Francina Armengol adjudicó en 2020 un contrato de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión por cerca de 3,7 millones de euros para la compra de mascarillas que resultaron inservibles. Años después, el Consell Consultiu de Baleares avaló la nulidad del contrato al apreciar deficiencias relevantes en la tramitación, especialmente en lo relativo a la acreditación de la solvencia del proveedor y al cumplimiento del objeto contractual. Aunque el debate se ha movido fundamentalmente en el plano administrativo y patrimonial, el caso se ha visto inevitablemente contaminado por su conexión con la trama Koldo, investigada en la Audiencia Nacional.
La empresa Soluciones de Gestión fue recomendada por el Ministerio de Transportes, cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva. Y constan mensajes entre el exasesor de Ábalos, Koldo García, y la propia expresidenta del Govern, Francina Armengol.
PRUEBAS PCR
En paralelo, se mantienen bajo revisión los contratos de pruebas PCR adjudicados en 2021 a Eurofins Megalab, por un importe conjunto superior a 1,1 millones de euros. Se trata también de contratos de emergencia tramitados por el IB-Salut, posteriormente sometidos a auditoría interna. Estos expedientes han sido incorporados al contexto del caso Koldo, sin que hasta la fecha exista resolución judicial que determine la existencia de delito o responsabilidades penales en Baleares. El PSIB ha insistido en que la contratación se ajustó a las necesidades sanitarias del momento.
CASO HIDROCARBUROS
El tercer elemento que ha reactivado la presión política sobre el PSOE balear es la trama de los hidrocarburos. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge contactos entre Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y Marc Pons, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament y entonces jefe de gabinete de la Ministra para la Transición Ecológica. Según la UCO, esas comunicaciones se produjeron en el marco de gestiones relacionadas con la tramitación administrativa de una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama para operar como mayorista de hidrocarburos.
El informe policial no atribuye a Pons decisiones administrativas ni la concesión de licencias, pero sí lo menciona como interlocutor en el intercambio de documentación, un extremo que el PSIB enmarca en la normalidad del funcionamiento ministerial y que el PP considera motivo suficiente para exigir explicaciones públicas. De nuevo, el terreno es el de la sospecha documentada, no el de la imputación penal.
En conjunto, mascarillas, PCR e hidrocarburos configuran un escenario incómodo para el PSOE de Baleares: no hay sentencias ni acusaciones formales, pero sí una bruma de sospecha que no cesa, pues las investigaciones judiciales avanzan y nadie puede descartar que aparezcan nuevas informaciones comprometedoras.
