Antes de que se desatara la tormenta judicial y política que se ha estacionado sobre la figura del negacionista P.S., el Manual de resistencia que reside en su mesita de noche le ha sugerido un nuevo juego de prestidigitación. Para disolver las oscuras nubes que se ciernen sobre Moncloa, como si fuera yoduro de plata, el presidente del Gobierno se ha sacado de la chistera un conejo que podría parecer de peluche, si no observas que nunca da puntada sin hilo. Ese artificio es asegurar que, esta vez sí, va a presentar a las Cortes su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2027. A primera vista, podría parecer un farol más de los que este tahúr suele poner sobre la mesa. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que ha asegurado ponerse a trabajar sobre el Techo de Gasto y el Cuadro Macroeconómico, que basta aprobarlo en el Consejo de ministros, incluso que había comenzado la negociación con los otros grupos parlamentarios para fijar los Objetivos de Estabilidad, previos a la presentación de los PGE. Pero en esta legislatura nunca se han hecho realidad estos compromisos, a pesar de que se haya impulsado una reforma legal a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para evitar que el Senado pudiera bloquear su tramitación.
Lo que realmente subyace en el órdago lanzado a los cuatro vientos, es la probabilidad de que más que unos objetivos, para el interés general, lo que sea formulado desde Ferraz sea más bien un programa electoral que, como los anteriores, no se vaya a cumplir, pero que pudiera disuadir a algunos simpatizantes socialistas, desanimados por la atmósfera de corrupción que se respira. Si promete unos presupuestos expansionistas y, sobre todo, socialmente progresistas, que con certeza no obtendrían el respaldo de las Cámaras, el presidente ya tiene una excelente coartada para justificar el adelanto electoral y la munición para cuestionar la falta de apoyo de la oposición, a la que acusaría de darle la espalda a la mayoría ciudadana, para sólo defender el beneficio de los poderosos.
Para reforzar esa estrategia, todos los ministros, y alguno que desearía serlo, se han lanzado al lodazal, escampando insidias y reproches amortizados, no sólo a la derecha del Congreso, sino especialmente a la gestión de las Comunidades Autónomas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular. Una crítica, apoyada en la calle con el auxilio de los sindicatos mayoritarios, que ignora siempre la capacidad local de atender una mejoría de los servicios públicos, sin una adecuada provisión económica.
El sistema de financiación autonómica en España es, sin duda, uno de los engranajes más complejos y, a la vez, más determinantes de la cohesión del país. Hablar de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y de los mecanismos que regulan el reparto de los recursos del Estado no es debatir sobre meras cifras macroeconómicas; es discutir directamente sobre cómo se sostienen los pilares de nuestro Estado del bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, la gran grieta del sistema actual radica en su alarmante obsolescencia. El modelo vigente fue aprobado en 2009. La ley establecía que el sistema debía revisarse cada cinco años para adaptarse a las cambiantes realidades demográficas y socioeconómicas del país. El modelo actual, pues, opera bajo una premisa técnica, pero de profunda carga ética: equilibrar la capacidad fiscal.
Los recursos del Estado se distribuyen a través de una compleja arquitectura de tributos cedidos (como el tramo autonómico del IRPF, el IVA o los impuestos especiales) y un entramado de fondos de compensación, muchos de ellos discrecionales. El desfase temporal del método ha cronificado desigualdades territoriales, infrafinanciando de manera sistemática a comunidades cuya población ha crecido muy por encima de lo previsto hace 17 años. Esta parálisis institucional no solo erosiona el principio de equidad, sino que asfixia las arcas autonómicas. El coste de la vida, la despoblación territorial y su envejecimiento, el impacto de crisis económicas consecutivas y la propia evolución demográfica, han hecho mella en las arcas territoriales, sin que el Gobierno central haya planteado al Consejo de Política Fiscal y Financiera una sola propuesta, más allá de la pactada unilateralmente entre el PSC y ERC, con el fin de lograr una financiación singular para Cataluña.
La reforma del sistema es una deuda histórica y una urgencia democrática. Rediseñar este modelo exige abandonar el frentismo y la lógica del agravio comparativo. El verdadero desafío no consiste en decidir qué territorio gana más a costa de otro, sino en redefinir de manera transparente la suficiencia global del sistema. Por eso es inviable tratar de consensuar una nueva Ley, si no se observan objetivamente las desigualdades y sólo tratando de congraciarse con los que podrían ofrecer estabilidad al Ejecutivo, en una negociación paritaria y no mancomunada. Únicamente mediante un reparto actualizado, predecible y justo se podrá garantizar que el código postal de un ciudadano no determine la calidad de los derechos fundamentales que recibe del Estado, pero le puedo garantizar que esta hoja de ruta no se contempla para los próximos meses y, mucho me temo, que será una herencia envenenada para el siguiente Consejo de ministros.
