Tengo que confesar que tenía escrito un artículo sobre PODEMOS, pero los acontecimientos me han empujado a cambiar de tema y a escribir finalmente sobre el asunto estrella de la semana: Castro y la imputación de la Infanta Cristina. Así, centrando mi análisis en los motivos esgrimidos por el instructor para procesar a la Infanta Cristina, me veo absolutamente obligado a discrepar –una vez más, y van…- del mediático Castro. ¿Los motivos? Para mí, los supuestos indicios que describe ni son indicios, ni son incriminatorios. En primer lugar, a Dña. Cristina se le imputa un delito fiscal por ser la titular del 50% de las participaciones de Aizoon, mercantil a través de la cual, presuntamente, su marido defraudó el del pago de impuestos a la Hacienda Pública. Supuestamente, Urdangarín hacía que sus ganancias tributasen por impuesto de sociedades en lugar de hacerlo como IRPF, pagando una cuota menor. En todo caso, condenar a la Infanta por este delito no va a ser tan sencillo. ¿El motivo? la Jurisprudencia exige que el socio, en este caso la Infanta, además de ser el titular del capital social, colabore activamente con el administrador en la vida social, en calidad de administrador de hecho de la sociedad, que en este caso no parece que acontezca. Por otro lado, Castro le imputa a la Infanta un delito de blanqueo de capitales, al haber utilizado un dinero de procedencia ilícita ganado por el Sr. Urdangarín. ¿Por qué motivo considero que, finalmente, a Dña. Cristina no la van a condenar por este delito? Porque el tipo penal del blanqueo de capitales no solo exige que el sujeto utilice un dinero de procedencia ilícita, sino que precisa que el sujeto conozca la procedencia ilícita de ese dinero. Y, nos guste o no nos guste, ese conocimiento del origen ilícito del dinero hay que probarlo. En este caso, además, la Audiencia Provincial de Palma ya se pronunció negativamente sobre este particular al anular la primera de las imputaciones de la Infanta, considerando que, “en el presente caso, no existían indicios de que Dña. Cristina conociera el presunto plan criminal de su marido”. Finalmente, y contraviniendo los titulares de los periódicos, ¿vamos a ver a la Infanta Cristina sentada en el banquillo? Es enormemente difícil, puesto que la doctrina Botín exige que para poder llevar a alguien a juicio tengan que acusar (i) la Fiscalía y (ii) la acusación particular, que en este caso ya han anunciado que no van a recurrir. No es suficiente que sólo Manos Limpias acuse. En todo caso, no puedo acabar sin mostrar mi más absoluta sorpresa por la presteza con la que Horrach ha interpuesto su recurso y por el contenido del mismo, de una calidad literaria más propia de un libro de Góngora que de un escrito penal. Sinceramente creo que el Sr. Horrach pretende la defensa de la legalidad, pero me ha impresionado el elevado número de puyas y adornos literarios que incluye en su escrito. Hay una frase en particular que me tiene fascinado: “Adoptar como pilar inicial de una investigación penal una “certeza absoluta”, conlleva magnificar la nimiedad y convertir en sospechoso lo cotidiano” Eso es lo mismo que le pasaba a mi madre cuando veía hacer algo tan cotidiano como estudiar a mi hermano: Iniciaba su “investigación penal” partiendo de la certeza absoluta de que él se refugiaba en los libros porque había hecho algo malo, convirtiendo así lo cotidiano en sospechoso. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que quiere decir Horrach, en nuestro caso sí que había base para magnificar la nimiedad y convertir lo cotidiano en sospechoso, aunque nunca supiésemos expresarlo en tan correcto castellano. Tampoco puedo estar más de acuerdo con otra primorosa oración, cuando habla de : “resoluciones judiciales que son un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental, porque la realidad “no vende” y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales”. Qué quieren que les diga, en Mallorca esto lleva algo así como 7 años sucediendo. Hay personas, con nombres y apellidos, que han sido imputadas y acusadas para luego quedar en nada; bueno, sí, en la minuta de un abogado que nadie paga por ti. ¿Creen que se ha acabado? No se muevan de sus asientos. “Show must go on”
