El responsable nacional del sindicato UGT en Instituciones Penitenciarias, Antonio González, visitó este martes Mallorca y dio una rueda de prensa junto al delegado del sindicato en la cárcel de Palma, David Rodríguez, para denunciar las carencias a las que deben hacer frente los profesionales a los que ellos representan. Concretamente destacaron la falta de medios, de seguridad y de recursos humanos. Desde este punto de vista no hay más que decir que exigir al ministerio del Interior que atienda sus demandas, que son justas y adecuadas.
Sin embargo, también han exigido a la Administración que proteja a los funcionarios frente a “denuncias completamente falsas” de malos tratos y vulneración de los derechos humanos por parte de algunos reclusos, exreclusos y abogados. Es un tanto llamativo que el representante del colectivo de quien se denuncia que algunos funcionarios no están actuando correctamente, pida protección y califique las denuncias de completamente falsas. Con su petición es obvio que el sindicato UGT no es imparcial en este asunto y se coloca del lado de los funcionarios de prisiones de forma bastante corporativista, cuando lo razonable sería que solicitasen que las denuncias se investiguen de forma rigurosa por el bien del colectivo de funcionarios, de forma que se despeje cualquier sombra de duda que pudiera haber sobre su actuación. A fin de cuentas ha habido en el pasado casos probados de comportamiento delictivo por parte de algunos funcionarios. En todo caso es a los denunciantes a quienes hay que proteger y no a los denunciados.
Tras la denuncia pública que hizo Margalida Sotomayor (una interna en tercer grado) en IB3 TV, y por las que inexplicablemente ha sido sancionada por la junta de tratamiento de la prisión sin que se haya investigado los graves hechos que relató, han surgido otras voces criticando el trato que algunos funcionarios -no todos, naturalmente- dispensan a las y los internos. Son casos que debieran ser investigados con todo rigor. Y es muy llamativo que desde el Parlament ningún grupo político haya presentado ni una sola iniciativa para que comparezca en la Cámara el director de la prisión, o el delegado del Gobierno, cuando surgió la primera denuncia de malos tratos. Debe ser que a sus señorías no les interesa esta cuestión, lo que resulta extraño dada la afición que algunos tienen por pedir comisiones de investigación y por pedir comparecencias por asuntos muchísimo menos relevantes y bastante intrascendentes. Quizás los miembros de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos debieran plantear alguna iniciativa sobre un asunto que es muy preocupante, de confirmarse lo que ya varias personas con nombres y apellidos vienen denunciando últimamente.
