Las obras de reforma de la carretera general llevan ya meses en el centro de la espiral mediática. El tema dio el gran salto a los medios nacionales después de que el GOB presentara su campaña anti-rotondas en Barcelona este mismo mes, con el apoyo de numerosas personalidades como Andreu Buenafuente, Iñaki Gabilondo, Joan Manuel Serrat y el menorquín Cris Juanico, entre otros. Al rechazo de los ecologistas se suma el de los principales partidos de la oposición, que se posicionaron en contra desde que se presentó el proyecto. Por si fuera poco, las obras están ahora mismo paradas como consecuencia del pulso económico que la UTE encargada de los trabajos, formada por las constructoras Antonio Gomila SA y Dragados SA, ha decidido echarle al Govern. Ambas empresas reclaman ahora un sobrecoste de 3 millones de euros, hecho que ha dado pie a los opositores a redoblar sus esfuerzos por parar el avance de la reforma. Mientras tanto, el gobierno del PP sigue basándose en las mejoras en seguridad de la carretera para defender el proyecto, que hasta ahora ya ha visto reducido en un 35% su nivel de impacto ambiental como respuesta al clamor de la oposición.
Los puntos de la reforma en los que se centran las críticas son los que hacen referencia a la construcción de rotondas de doble nivel. Concretamente, la de cambio de sentido de Biniai, la de Alcaldús-Rafal Rubí, y la de entrada a la urbanización La Argentina, en Alaior. El GOB, principal opositor, defiende los criterios que marcaba el actual equipo de gobierno para convocar el primer diseño, así como las propuestas del proyecto seleccionado de entre las 16 propuestas técnicas, y las que proponía el informe técnico de la Comisión de Medio Ambiente. Es decir, una combinación de carriles centrales de giro a la izquierda, isletas laterales y rotondas al mismo nivel que la carretera. No discute ni las ampliaciones en los arcenes, ni la rotonda prevista para entrar al polígono de Maó, ni la ampliación de la actual rotonda del aeropuerto de Maó, sino las tres rotondas de doble nivel citadas; el GOB ve estas intervenciones desproporcionadas para la necesidad de la carretera.
Sus propuestas alternativas pasan por evitar los giros a la izquierda desde el mismo carril de circulación, construir los cambios de sentido en puntos con suficiente visibilidad, ampliar los arcenes y construir carriles para vehículos lentos y suavizar algunos cambios de rasante para ganar visibilidad.
Por su parte, el PSM apuesta por el modelo del avance del Plan Director Sectorial de Carreteras de la Isla de Menorca, aprobado por el pleno del Consell Insular el 22 de marzo de 2010. Este avance proponía mantener el trazado actual de la carretera ampliando arcenes y carriles, añadir carriles para la circulación de vehículos lentos, incorporar cambios de sentido, incorporar un total de seis rotondas en los enlaces más relevantes y en las entradas de los municipios, así como mejoras de señalización entre otras propuestas.
El PSOE es el único partido de la oposición que no se ha pronunciado sobre propuestas concretas; en su lugar, este jueves presentó un documento de compromiso público por la defensa y la conservación del territorio, firmado por todos los alcaldables socialistas de la isla. Este documento, en lugar de criticar punto por punto la actuación sobre la carretera, habla de buscar un consenso social y político en torno al tema, acusando a los populares de haber tomado la decisión de construir las rotondas de doble nivel en base a criterios estrictamente políticos. Como medidas más drásticas, el documento manifiesta el compromiso de los socialistas a “suspender con carácter inmediato la construcción de dichas rotondas y revisar el proyecto constructivo de la carretera general para adecuarlo al proyecto inicial”, además de “impulsar y aprobar un nuevo Plan Territorial a partir de la revisión del actual y en coherencia con el acuerdo social que surja del proceso de participación y consenso que nos comprometemos a promover”.
Así las cosas, y a 3 meses de las elecciones, el futuro de la carretera general se presenta incierto, aunque el gobierno del PP parece muy decidido a continuar con la reforma hasta el final.
