El grupo hotelero Barceló ha resultado ganador del concurso para la adjudicación del Palau de Congressos de Palma y su hotel anexo, la infraestructura turística estrella de Mallorca que habrá de permitir –al menos en teoría– posicionar a Mallorca como destino turístico internacional de congresos y reuniones, facilitando la llegada de visitantes en temporada baja y contribuyendo a la desestacionalización.
La oferta presentada por Barceló, con un alquiler anual de 1,75 millones de euros y un 5% de los beneficios obtenidos cada año, se ha impuesto a la que presentó Melià Hotels International, inferior en medio millón de euros anuales. También en el apartado técnico Barceló superó la propuesta de la compañía de Escarrer. Solo estas dos empresas se presentaron al concurso, tras 4 intentos previos que fueron declarados desiertos, lo que evidencia que no era ningún regalo. De haberlo sido, tratándose de un concurso internacional, habría habido codazos por quedarse el Palau diseñado por Patxi Mangado en la fachada marítima. A la vista de lo anterior cabe preguntarse quién hace el favor a quién, si la Administración otorgando el Palau de Congressos a Barceló justo 6 años después de que abandonaran el proyecto, o si Barceló al quedarse con el Palau de Congressos ante el poco interés mostrado por otras compañías para su explotación por 40 años.
Los partidos de la oposición, PSIB y MÉS, hablan de “escándalo”, “estafa” e “indecencia”. El presidente de la sociedad pública Palau de Congressos S.A., que aglutina al Govern, Consell y Ajuntament de Palma, el teniente de alcalde de la capital Álvaro Gijón, les acusa de demagogia y defiende que el Grupo Barceló no actuó de mala fe, a la vez que se mostró satisfecho por la adjudicación a esta compañía hotelera de “superprimer nivel”, por reproducir la terminología empleada por el edil.
La conclusión que cabe sacar del culebrón que ha envuelto la construcción del Palau de Congressos de Palma desde 2008, cuando las obras arrancaron, es que al fin se vislumbra la luz al final del túnel y previsiblemente en enero del año próximo deberá entrar en funcionamiento. Es hora de mirar hacia el futuro y lograr que esta polémica y cuestionada infraestructura sea rentable en términos económicos y también sociales y turísticos.
