Un nuevo golpe a la regulación del alquiler turístico en Baleares. Con la entrada en vigor de la reforma de eficiencia jurídica, la Ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Gobierno central ha incluido una modificación clave en la Ley de Propiedad Horizontal que podría tener graves consecuencias en comunidades como las islas, que lleva años luchando por frenar el avance del turismo masivo en propiedades horizontales.
La nueva norma establece que, a partir de ahora, será necesaria la autorización expresa de la comunidad de propietarios para que una vivienda se destine a uso turístico. Lo que podría parecer un avance en materia de control vecinal, en realidad abre una vía peligrosa para el regreso de pisos turísticos a edificios donde, hasta ahora, el veto era claro.
Hasta la reforma de eficiencia jurídica, bastaba con que el uso turístico no estuviera prohibido en los estatutos para que un propietario pudiera explotar su vivienda en plataformas como Airbnb o Booking. Baleares había logrado en los últimos años avanzar en la protección de las comunidades residenciales, gracias a un marco normativo autonómico restrictivo que limitaba la expansión de estos alquileres y las graves sanciones económicas impuestas. Ahora, con esta modificación, se otorga a las comunidades la posibilidad de votar a favor del uso turístico, lo que podría revivir este tipo de explotación incluso en zonas donde había sido vetada por norma.
La alarma ha saltado este jueves, cuando el Colegio de Registradores recibió nada menos que 1.065 solicitudes de comunidades de propietarios para destinar viviendas al alquiler turístico, justo el día en que entró en vigor la nueva legislación. Un dato preocupante que, en vísperas de Semana Santa, confirma el apetito especulativo de quienes ven en esta reforma una oportunidad para volver a saturar las ciudades y pueblos de las islas con alojamientos turísticos.
Desde el sector inmobiliario advierten de que este cambio puede traducirse en una reducción del parque de viviendas disponibles para residentes, agravando aún más la crisis habitacional que sufre Baleares. En zonas como Palma, Eivissa o Sóller, donde el precio del alquiler se ha disparado por la presión turística, cada piso que se convierte en alojamiento vacacional es un hogar menos para un residente.
Además, expertos en derecho inmobiliario alertan de que la nueva reforma de eficiencia jurídica, puede dificultar la actuación de los ayuntamientos y del Govern, que hasta ahora contaban con cierta seguridad jurídica para denegar licencias en base a las normas urbanísticas y de convivencia vecinal. El hecho de que la fecha de solicitud de la licencia administrativa marque el criterio legal para exigir (o no) el permiso de la comunidad puede abrir la puerta a una avalancha de solicitudes exprés que esquiven los vetos actuales.
A día de hoy, más de 21.000 alojamientos turísticos ya figuran con número de registro único en España, una cifra que podría dispararse si no se actúa con rapidez. En Baleares, el riesgo es mayor, ya que la presión turística sobre el territorio y la vivienda ya ha superado todos los límites de sostenibilidad.
Un comentario
Todos estos efectos dañinos se eliminarían si aprendemos de los sitios donde las cosas funcionan y dejamos de experimentar con lo que no funciona. En viene sólo se puede hacer alquiler turístico en viviendas donde habitan sus dueños, alquilan habitaciones en plataformas y no expulsan a sus dueños porque siguen viviendo alli y se reparte un poco entre los ciudadanos los ingresos del turismo. Los turistas no hacen fiestas porque viven con los dueños y no se lo permiten y a la vez conocen las costumbres locales. por favor, no hace falta que los políticos sean geniales con que copien lo que funciona, basta y en Viena hace tiempo que se ha pacificado el asunto sin echar a los residentes de los barrios del centro.