El Ayuntamiento de Santa Eulària (Ibiza) ha reiterado que no pueden oponerse al funcionamiento de la planta asfáltica y de hormigón de Ses Planes si estas instalaciones "respetan los requisitos legales que se les han impuesto".
Así lo han manifestado desde el Consistorio respondiendo a la Asociación de Afectados por la Cantera, que ha destacado las presuntas "irregularidades" detectadas en el proyecto tras un informe encargado por el Consell de Ibiza.
Según ha aclarado el Ayuntamiento, el permiso para poner en marcha las dos plantas está concedido, puesto que lo aprobó la Conselleria de Industria del Govern en noviembre de 2015 y la función del Consistorio "es revisar que se cumplen los requisitos impuestos por el Ejecutivo autonómico antes de dar la licencia".
Además, han recordado que el informe fue solicitado por el Ayuntamiento al tratarse de un tema muy especializado y existir dos partes enfrentadas y "si el Consistorio no estuviera interesado en tomar una decisión equilibrada y ajustada a la legalidad no habría pedido el informe y, mucho menos, a otra institución".
Sobre las presuntas "irregularidades" detectadas, han explicado que la falta de documentación se refiere a la decisión del Govern. "No entendemos que se haya dado este permiso cuando falta un informe de Recursos Hídricos de la misma administración balear, motivo por el que se han remitido escritos a la Conselleria de Industria, a Recursos Hídricos y a la Comisión Balear de Medio Ambiente para que nos informen sobre si este permiso es necesario y, en caso de serlo, por qué se dio el visto bueno a la planta sin tenerlo".
Según el Consistorio, "es sorprendente" que los propietarios contrarios a la planta "no hagan referencia a este hecho, ni pidan al Govern que reconsidere su decisión" en base a estos incumplimientos.
Asimismo, han dicho que es "destacable" que cuando se habla de vertidos no se reclame la actuación de Medio Ambiente y han asegurado no entender la "virulencia" en los ataques de los propietarios contra el Ayuntamiento y la "pasividad" cuando se trata de entes autonómicos.
Desde el Consistorio han reiterado que pretenden salvaguardar los derechos tanto de los propietarios de la cantera como de los vecinos y han dicho que "nunca" aceptarán presiones de ningún grupo o del promotor, afirmando que su decisión se basará en informes técnicos y jurídicos, sin basarse en intereses privados.
