Las carreteras de Baleares están congestionadas. Esta realidad, que sufren a diario miles de conductores, no es ninguna novedad. Lo preocupante es que esta saturación creciente del tráfico se ha traducido en un repunte de la siniestralidad vial. Sin embargo, reducir esta problemática a una simple consecuencia del número de vehículos en circulación sería, como mínimo, simplista. El problema es más profundo.
Uno de los factores menos visibles, pero igualmente determinantes, es la falta de vigilancia efectiva en nuestras carreteras. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuerpo encargado del control y la seguridad en la red viaria interurbana, opera desde hace tiempo con efectivos muy por debajo de lo necesario.
Las plantillas están bajo mínimos por un desajuste estructural que tiene nombre y apellidos: la falta de incentivos para atraer y retener agentes en las islas. El famoso plus de insularidad, insuficiente y desfasado, actúa como un muro que impide que las plantillas se completen. Pedir destino en Baleares es perder dinero.
El tráfico crece, la presión sobre las infraestructuras aumenta y la sensación de impunidad en algunos tramos de carretera se extiende
Esta situación no es nueva. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años denunciando la falta de medios y de personal en Baleares. Pero mientras tanto, el tráfico crece, la presión sobre las infraestructuras aumenta y la sensación de impunidad en las carreteras se extiende.
Sin presencia visible de agentes, sin controles preventivos de control y drogas suficientes, sin sanciones disuasorias, la norma pierde fuerza y la imprudencia gana terreno. Y las cifras de accidentes, lamentablemente, lo confirman.
Es importante subrayar que la responsabilidad última de esta situación no recae sobre el Govern balear, sino sobre la Delegación del Gobierno en Baleares y, en última instancia, sobre el Ministerio del Interior. Son estas instituciones las que deben garantizar que las Fuerzas de seguridad del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales adecuados para ejercer su función. Y hoy la situación es manifiestamente mejorable en nuestra Comunidad Autónoma.
La seguridad vial requiere de una política decidida de vigilancia y control. El civismo en la conducción no es una virtud espontánea, sino una conducta que se cultiva con pedagogía, sí, pero también con firmeza en las sanciones. No puede haber seguridad en las carreteras si no hay autoridad que la haga valer.
Baleares necesita más agentes de tráfico. Y para ello necesita una política de incentivos realista, ajustada al coste de vida insular y capaz de garantizar que las plazas se cubran y se mantengan. No es una demanda corporativa ni una petición gremial: es una necesidad urgente en materia de protección ciudadana y seguridad vial. Y en este caso, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene la palabra.
