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Septiembre verde

jueves 13 de agosto de 2020, 09:42h

La situación creada por el Covid-19 en España ha demostrado la fragilidad del Estado. A lo largo de los años, los desajustes estructurales han ido ampliándose hasta que se han puesto en evidencia en toda su amplitud. La polarización política y la carencia de un proyecto de Estado han llevado a ello.

La llegada de un Gobierno muy poco “cuidadoso” con el equilibrio constitucional, ha propiciado un foco de incertidumbre general. Su actuación traspasa el límite de sus competencias, a la vez de ser errática. La talla de su competencia ha quedado establecida por la gestión de la pandemia. No se trata sólo de una crítica política, que también, se trata de poner en evidencia una patología política que afecta peligrosamente a nuestra Patria.

El perfil de los hechos queda reflejado en la ausencia de conciencia de la gravedad de la situación tanto en el periodo de alarma, como en los de prevención, atención médica y gestión de la incidencia pandémica. Se improvisó una organización para la gestión, sin considerar las estructuras existentes en el Estado y se impuso el ir viendo lo que iba pasando.

El Estado de Alarma se empleó para algo mas que para la gestión de la pandemia, tomándose decisiones políticas de calado por métodos expeditivos, a la vez que la “lucha” política no perdió su precedencia, condicionando la gestión de la alarma. El “funcionamiento” del Estado Autonómico fue la “guinda” del pastel, las artificiales fronteras interiores hicieron el resto.

Es llamativa la relación del Gobierno con las autonomías, pues fue evolutiva, desde asumir el control total, a la descentralización individualizada, hasta crear un modo de “cogobernanza” Estado-Autonomías a conveniencia de ambos, una nueva relación extraconstitucional que puede consolidarse por consenso entre entidades políticas en relaciones binarias o lo que haga falta.

La sensación es que el Gobierno se ha cansado de su fracaso en una gestión interminable, para la que no está preparado, y con un amplio desgaste político intenta fraccionar la responsabilidad según la estructura territorial. Una Comunidad puede tener transferida la competencia sanitaria pero no la de una exclusiva del Estado como es la Seguridad Nacional. Al ser la pandemia una amenaza a todo el territorio nacional estamos ante una situación de Seguridad Nacional, que el Gobierno la comparta con las autonomías, constituye de hecho la desnacionalización de la Seguridad. Hecho que plantea cuestiones como la forma de asegurar que una decisión autónoma no afecta al resto.

Estos hechos son prueba palpable de la fragilidad de nuestra organización política. Una situación de alarma nacional acaba en decisiones de “parlamentos” autonómicos. El autonomismo disgregador, disfrazado de nacionalismo, propulsado por la educación autonómica, la existencia de diferentes regímenes fiscales y comerciales, idiomas, desequilibrio en asistencia sanitaria y un largo etc., conforman una debilidad provocadora, que se traduce en la ruina propia y en el desprestigio internacional.

España se debate entre un estado frágil y su dependencia europea. En ninguna de las dos circunstancias nuestro país es autónomo para tomar sus propias decisiones, de lo que se deriva que el nivel de soberanía nacional es muy limitado. Alguien se ha debido creer que Europa es una sucursal de ayuda humanitaria en vez de un conglomerado de intereses. Las “fortalezas” de Holanda, Austria, etc., muestran sentido de estado.

Estamos ante una previsible depresión económica consecuencia de la mala gobernanta, y a la espera de unos fondos europeos, que como pronto llegarán dentro de un año, tutelados y con carácter finalista. Nos podemos preguntar si el jefe de gobierno y sus numerosos ministros son los más idóneos para la llamada reconstrucción.

Hay que dejar de mirar a un pasado trasnochado, el futuro es complejo por lo tanto incierto, donde lo utópico ocupa lo justo. La pandemia ha abierto muchas expectativas y ha confirmado ciertos hechos, entre ellos que el Estado sigue siendo la entidad política por excelencia. España tiene que afrontar un futuro, no el pasado, desde unas instituciones nacionales sólidas. Tarea compleja, para la que se necesita identidad y buen gobierno.

Si a este escenario le ponemos la figura de un caudillo alocado apoyado en un gobierno trufado con ministros populistas incompetentes, la solución exige un cambio urgente, muy urgente. Cada día que pase, más difícil será salir del pozo en el que nos encontramos. Ya pueden imaginar la mejor solución democrática, se llama moción de censura para cambiar un gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias.

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