Sicarios y el Estado de Derecho

Preparar una lista con las mejores diez películas de tu vida es una tarea complicada, pero tengo claro que una de ellas sería El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962). Recuerden, Ransom Stoddard (James Stewart) llega al villorrio de Shinbone para ejercer como abogado, y se encuentra con un pequeño inconveniente: la ley no rige allí. El pueblo vive atemorizado por Liberty Valance (Lee Marvin), un matón francamente desagradable permanentemente acompañado por sus secuaces. Por eso Shinbone es, en esos momentos, un ecosistema en el que sólo pueden sobrevivir los lobos, los malos como Valance y los buenos como Tom Doniphon (John Wayne). En realidad la historia representa el sacrificio de Doniphon, que ayuda a que el estado de derecho crezca en su jungla, a pesar de que supondrá su propia extinción y que Stoddard, que no tiene media torta, le birle la novia.

Ni con la mayor benevolencia estaría Sicario, de Denis Villeneuve, en la lista de las 500 mejores películas, pero me interesa por una cosa: en ella la jungla vuelve a cubrir algunas partes del estado de derecho de Estados Unidos. Es, entonces, el movimiento opuesto a Liberty Valance, y los responsables son los cárteles mexicanos de la droga. En la lucha contra el crimen siempre hay una asimetría: los buenos deben respetar la ley y los criminales no (por eso son criminales). Cuando los buenos ganan a pesar de la desventaja, no hay problema. Pero cuando el criminal aprovecha la legalidad y los recovecos de la ley para librarse de ella, resulta frustrante para el espectador; esto es así desde Harry el sucio. En Sicario las fuerzas de seguridad, digamos, convencionales se ven incapaces de frenar a los narcotraficantes, así que deciden recurrir a una explosiva combinación, no estrictamente legal, de la CIA, un equipo de los SEAL, y un sicario empeñado en vengarse, que provocará la destrucción del capo del cártel y toda su familia. Es decir, los «buenos», luchan contra los malos usando sus mismas reglas, con lo que ya no queda claro que sean tan buenos. En realidad el sicario en cuestión (Benicio del Toro), es malísimo, una especie de reverso tenebroso de Doniphon, y acaba aconsejando a la protagonista (que, para seguir con la alegoría, sería el equivalente de James Stewart) que se marche, diciéndole exactamente lo que yo acabo de decirles: que sólo los lobos pueden vivir allí, y ella no es ningún lobo.

Y esta es la reflexión perezosa de Semana Santa: ¿se encuentra en recesión el estado de derecho en el mundo? Tras la caída del Muro se extendió la creencia en que la democracia liberal había triunfado, y acabaría expandiéndose por todo el planeta. Hoy parece más bien que existe un proceso de desertización democrática, con las malas hierbas del «iliberalismo» sofocando las democracias. En el panorama internacional Estados Unidos, antiguo gendarme mundial, con evidente desprecio por la «legalidad internacional», depone tranquilamente al dictador de Venezuela y evapora a la cúpula de una teocracia patrocinadora del terrorismo internacional. ¿Está bien o mal? Los venezolanos recluidos en el Helicoide, que ahora salen a la calle, tienen su propia opinión. Y sin duda disipar la amenaza nuclear de los ayatolas, y acabar con su arsenal de misiles, puede contribuir decisivamente a la estabilización de oriente medio.

¿Y en los ámbitos domésticos?  Vean el caso de El Salvador. En 1994, recién salido de la guerra civil, aprobó la Ley del Menor Infractor. Coincidió con la deportación de pandilleros salvadoreños desde Estados Unidos por Clinton (sí, aunque la prensa no suele mencionarlo, Trump no es el único que deporta), que se encontraron con que, hasta cierta edad, podían matar con impunidad. Esto supuso un desmesurado crecimiento de las pandillas, las «maras», que convirtieron a San Salvador en la «capital de la muerte».

Hay un famoso estudio que dice que el 1% de la población suele ser responsable del 63% de los crímenes de una sociedad, y por tanto la solución es tentadora: controlemos severamente a ese 1% y la situación mejorará drásticamente. Eso es lo que hizo Nayib Bukele. En mayo de 2021, descabezó el tribunal constitucional para tomar el control absoluto (para poner a su propio Cándido, podríamos decir), y en marzo de 2022 impuso en estado de excepción que se mantiene desde entonces: el Congreso salvadoreño lo ha prorrogado en 48 ocasiones. El estado de excepción suspende derechos básicos como el derecho a defensa inmediata, inviolabilidad de comunicaciones, y límites a la detención. Cabe sospechar que, junto a los culpables, han pagado inocentes en una cuantía indeterminada. Pero consideraciones legales aparte, la medida funcionó: la tasa de homicidios por 100.000 habitantes bajó de 142 … a 8. 18 veces menor.

Todo esto demuestra que la erosión del estado de derecho se fragua con mucha antelación. La Ley del Menor Infractor buscaba privilegiar medidas socioeducativas por encima de la prisión, pero terminó facilitando el crecimiento de las pandillas en la posguerra salvadoreña y, en definitiva, la implantación de las drásticas medidas de Bukele. Tomemos nota para los disparates que ocurren a diario en España (los últimos, un sorprendente indulto al matonismo sindical de «los 6 de La Suiza», y la continuación de la amnistía encubierta a etarras) porque también nos pasarán factura.  Al menos Bukele puede alegar que, con su erosión del estado de derecho, ha acabado con la delincuencia, mientras que Sánchez sólo consigue perpetuarse en La Moncloa.

En fin, mientas tanto sigan disfrutando de los robiols y los crespells y pasen una buena Semana Santa.