El juez del ‘caso Sant Elm’ quiere que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares interrogue en calidad de imputado al diputado autonómico Joan Flaquer. El titular del juzgado de Instrucción nº 7 de Palma, Antoni Garcías ha remitido al TSJIB una exposición razonada en la que solicita al alto tribunal que “tome conocimiento” de la causa por la condición de aforado de Flaquer al apreciar indicios de delito en la actuación del ex conseller de Turismo. El juez recoge las acusaciones de la Fiscalía anticorrupción que sostiene que Flaquer “pudo firmar un convenio carente de justificación y de objeto concreto que favorecía a un tercero determinado” en alusión al ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas, también imputado en esta causa. Anticorrupción sostiene además que Flaquer “posibilitó pagos con fondos públicos sin justificar”. En este caso están imputados además del ex conseller y el ex president Cañellas el ex gerente del Inestur (Instituto de Estrategia Turística de la Conselleria de Turismo) Carlos Pizà, así como los ex alcaldes andritxoles Eugenio Hidalgo y Jaume Porsell. Se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por las subvenciones del Govern a la Fundació Illes Baleares, presidida por Cañellas, a través del Ayuntamiento de Andratx. Flaquer también se encuentra imputado en el ‘caso Ibatur’ y en el ‘caso Palma Arena’ que instruye el juez José Castro. FLAQUER: “TODO FUE CORRECTO Y LO VOLVERÍA A HACER” En su declaración ante el juez del ‘caso Sant Elm’, Flaquer ya defendió su inocencia. El ex conseller sostuvo que “todo fue correcto” y que “lo volvería a hacer”. Además Flaquer señaló que su departamento facilitó financiación al Ayuntamiento de Andratx y no a la Fundació Illes Baleares. Flaquer explicó que únicamente intervino en este proceso al principio y cuando rubricó el documento, aunque principalmente hizo hincapié en que el Inestur, dependiente de la Conselleria de Turismo, sólo realizó un pago inicial de 15.000 euros ya que, al no ser justificados, la empresa decidió no aportar la segunda de las partidas -por la misma cantidad-, establecida en el convenio una vez que la Administración municipal comunicase en qué se había invertido la primera. El encausado, defendido por el letrado Ernesto Florit, apelaba así a la legalidad del convenio por el que el Govern acordaba sufragar parte de los 50.000 euros que el Ayuntamiento de Andratx acordó destinar a la Fundació Illes Balears, presidida por el ex jefe del Ejecutivo autonómico, Gabriel Cañellas, por la cesión de la torre de Sant Elm para llevar a cabo en ella actividades culturales. Unos hechos que están siendo investigados en esta causa a raíz de un presunto desvío de fondos públicos al desconocerse el destino del dinero abonado por ambas administraciones.
